Los próximos aspirantes a una candidatura en Puebla no sólo deberían presentar su carta de antecedentes no penales y su declaración patrimonial, sino que también deben ser sometidos a una prueba de control de confianza y examen médico, propuso el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJ), Germán Molina Carrillo.

Durante una entrevista, el doctor en Derecho aseguró que después de la situación que se presentó en Iguala, Guerrero, donde el alcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se vieron involucrados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, se tiene que ser más rigurosos con la elección de candidatos.

Para evitar situaciones similares, sugirió que las personas que deseen contender en las elecciones federales de 2015 no sólo presenten una carta de antecedentes no penales y una investigación a fondo de su situación patrimonial, sino que aprueben un examen de control de confianza y entreguen un certificado de salud, porque de esa manera se puede saber en qué condiciones físicas llegan al puesto o si son adictos a alguna sustancia.

De igual forma, precisó que los partidos políticos también deberían asumir su responsabilidad sobre las personas que postulan, porque al final muchos de ellos se deslindan cuando ocurren hechos lamentables.

"Yo creo que los partidos en aras de ganar una elección ya no están viendo qué candidatos son idóneos, sino quien les garantice el triunfo, y allí están las consecuencias de lo que sucedió en Iguala", apuntó Molina Carrillo.

Es necesaria reforma en la materia

En ese sentido, el director del ICJ dijo que para evitar que quede a juicio de los partidos políticos implementar o no medidas concretas para evitar el vínculo del crimen organizado con candidatos, se necesitaría una reforma electoral, aunque reconoció que para 2015 podría ser muy apresurado y se necesitaría mucha voluntad política.

Recordó que muchos legisladores y gobernantes, que cuentan con fuero, tienen procesos e investigaciones en contra. Además de que los órganos de supervisión como las Contralorías y los Órganos de Fiscalización, no están trabajando de manera adecuada, lo cual fomenta la corrupción.

"Si en el país realmente se quieren solucionar las cosas habría que hacer una revisión a los requisitos para llegar a estos cargos y al aspirante se le debe revisar su situación patrimonial al entrar y al terminar, porque resulta que cuando termina su gestión le salen cada vez más propiedades", expuso el especialista en Derecho.