Las Comisiones de Gobernación y Organizaciones No Gubernamentales aprobaron la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle para regular a las organizaciones de la sociedad civil a través de la integración de un padrón y de la entrega de incentivos fiscales.

El proyecto del Ejecutivo se denomina “Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil”, la cual ingresó el pasado mes de octubre, luego de que integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron medidas de represión a los movimientos sociales y la detención de activistas.

El ordenamiento contempla la creación de un registro estatal de organizaciones de la sociedad civil, en el cual podrán participar las agrupaciones que no tengan fines de lucro interesadas en recibir incentivos económicos que entregará el estado.

La entrega del beneficio económico estará condicionada a que los interesados proporcionen información sobre sus fines, estatutos, programas, beneficiarios, actividades, fuentes de financiamiento, sean nacionales o extranjeras. Los datos serán requeridos por la autoridad estatal.

La propuesta también prevé la creación de una Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles, órgano conformado por  el gobernador del estado como presidente honorario; integra también al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, como presidente ejecutivo; y a un secretario técnico designado por el titular de la Sedeso.

Así como a los secretarios General de Gobierno y de Finanzas como vocales, y dos vocales más que saldrán de las organizaciones civiles.

La Secretaría de Desarrollo Social será la instancia que se encargue de “definir las políticas públicas” para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, además de promover el diálogo continuo entre los sectores, público, social y privado.

Sobre las sanciones, el nuevo ordenamiento refiere en el artículo 26 fracción I que se castigará si se realizan actividades que tenga por objeto “un beneficio, utilidad o provecho” en favor de un integrante o de un familiar, a través de los estímulos públicos que se les hayan otorgado.

También castigará actividades que generen resultados de proselitismo político para algún candidato o partido político, así como el de tipo religioso.

Las multas que se prevén son hasta por 500 días de salario mínimo, la suspensión temporal por un año del registro de organizaciones o la baja definitiva del padrón.