Al menos unas 100 demandas de amparo promueven integrantes de la Asamblea Social del Agua en contra del hostigamiento que la empresa Concesiones Integrales hace hacia usuarios que se niegan a pagar las actualizaciones en las tarifas del agua potable en la ciudad de Puebla y su zona conurbada.

Mientras tanto, ocho amparos fueron interpuestos recientemente en contra de la suspensión del suministro del líquido que la empresa, que está a cargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), ha efectuado a consumidores que incumplieron con pagar el costo de este servicio.

El abogado Omar Jiménez Castro, quien funge como representante de la agrupación “Asamblea Social del Agua”, denunció que la firma administradora del Soapap ejerce medidas de presión en contra de usuarios que se niegan a cubrir las actualizaciones en las tarifas del agua potable, pues personal de la misma realiza visitas domiciliarias para amenazar con cortar el suministro, solicitan pagos por reconexiones y hasta el cambio de medidores.

El litigante explicó que  tales acciones son formas de hostigamiento y constituyen una violación al artículo 16 constitucional, ya que este establece que ningún ciudadano puede ser molestado en su domicilio sino es mediante un mandato judicial.

Por lo anterior, a más tardar el próximo lunes interpondrán un bloque de 100 amparos, todos pertenecientes a vecinos de la zona de los Héroes de Puebla, para evitar que Concesiones Integrales continué ejerciendo medidas de presión en su contra.

Jiménez abundó que previamente ingresaron ocho amparos en contra de la suspensión del servicio que la empresa ya efectuó a una veintena de ciudadanos de las colonias Las Hadas, Hacienda San Manuel, Los Héroes de Puebla, El Carmen y Centro, que se niegan a pagar las actualizaciones de las tarifas.

Recordó que a partir de que Concesiones Integrales asumió la administración del Soapap, las cuotas registraron incrementos de hasta un 300 por ciento, por lo que los usuarios se negaron a cubrir los aumentos.

Aunado a lo anterior, el representante de los afectados refirió que existen al menos unos 15 casos en los que los usuarios ya cubrieron sus cuotas, sin que el suministro del agua potable se haya normalizado, pues les fue requerido el cambio de sus medidores, los cuales tienen un costo aproximado de tres mil pesos.

Amparo contra la concesión del Soapap sigue vigente

En este contexto, Gerardo Pérez Muñoz, quien es integrante de la agrupación, indicó que está vigente el amparo que se presentó contra la licitación que el gobierno del estado realizó a finales de 2013 para contratar a la empresa que se haría cargo del Soapap, pues este fue turnado a la magistrada Margarita Luna Ramos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su análisis, por lo que está en espera de que la máxima autoridad en materia penal del país lo resuelva.