Que el Instituto Poblano de la Mujer (IPM) deje de ser una plataforma política para aspirantes a un puesto de elección popular, y actúe para reducir los feminicidios -que suman 56 en este 2014- y desapariciones -119 en lo que va del año- en la entidad, pidió la organización Las Dignas y Unidas Ganaremos, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

María Eugenia Ochoa, representante de la organización, comentó que no es posible que las acciones del IPM vayan enfocadas sólo a cursos y créditos, en lugar de incidir en la política pública del estado.

Por esta situación solicitó a la dependencia que transparente los recursos que ha invertido en programas y acciones a favor de las poblanas, para ver si han impactado de manera real en la vida de las poblanas.

Exigen renuncia de Castillo y Huerta

Durante una rueda de prensa, María Eugenia Ochoa, también catedrática de la BUAP, refirió que el IPM sólo ha servido para promocionar la imagen de funcionarias públicas, que luego buscaron puestos de elección popular.

En ese sentido Irene Herrera, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), exigió la renuncia de la diputada Blanca Jiménez Castillo, anterior titular del IPM, y su suplente Genoveva Huerta Villegas, por utilizar a la dependencia como una plataforma política.

"No podemos permitir que se sirvan de un instituto público para hacer campaña anticipada", refirió Herrera, quien además solicitó que los funcionarios públicos renuncien antes de buscar un puesto de elección popular.

Indicaron que Genoveva Huerta Villegas ha aparecido en los últimos meses en publicidad de revistas en la zona del distrito IX, que pertenece a Atlixco. Sin embargo versiones periodísticas la ubican como una posible candidata por uno de los distritos de la capital del estado.

IPM no ayuda a las mujeres

Por su parte Estefanía Tapia, de Las Dignas y Unidas Ganaremos AC, refirió que a pesar de los 56 feminicidios que se han presentado en el estado, el Instituto Poblano de las Mujeres no ha hecho un pronunciamiento al respecto.

Tampoco ha exigido a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que esclarezca las muertes por razón de género y las desapariciones de mujeres, así como que cumplan con las normas a favor de la igualdad de género en todas las dependencias e instituciones gubernamentales.

La activista entonces solicitó que la violencia contra las mujeres deje de verse como un "asunto privado" y comience a atacarse desde el ámbito público, con campañas de concientización, promoviendo una educación con enfoque de género desde la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) y desde las dependencias de gobierno, sobre todo las de seguridad y justicia.

Tanto María Eugenia como Estefanía llamaron al gobierno del estado a que actúe ante la violencia contra las mujeres, debido a que más del 89 por ciento de las poblanas casadas sufren o han sufrido alguna clase de violencia.

También porque una de cada tres mujeres en Puebla ha sido intimidada, acosada o toqueteada sin su consentimiento en el espacio público.

Justicia para presas políticas

Otra cuestión que destacaron las integrantes de Dignas y Unidas Ganaremos es la detención y amenazas contra doce luchadoras sociales u opositoras a proyectos gubernamentales en Puebla, como Enedina Rosas Vélez, que fue arrestada el 6 de abril por oponerse al gasoducto Morelos, y la detención de Juana y Angélica Macuil Cóyotl por oponerse a la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

También recordaron que la señora Elia Tamayo, madre del menor que falleció tras el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, y Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de esa misma comunidad, Javier Montes, quien fuera arrestado el viernes pasado, han sido amenazadas por funcionarios del gobierno estatal.