Puebla es uno de los dos primeros estados del país donde entró en vigor este lunes el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos de los fueros federal y común.

El Consejo de la Judicatura Federal asignó cuatro jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio y dos tribunales unitarios de Circuito con competencia especializada en este sistema para el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla.

El centro estará integrado por un administrador, los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Especializados en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, además de los Tribunales Unitarios de Circuito Primero y Segundo con Competencia Especializada en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla y los tribunales unitarios estarán ubicados en San Andrés Cholula.

Al igual que para Puebla, el Consejo de la Judicatura Federal definió que para el Centro de Justicia Penal Federal de Durango se integrará por cinco jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio y un Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en este sistema, todos con residencia en la ciudad de Durango.

Pretenden enmendar fallas e impunidad

Con los dos Centros de Justicia Penal Federal, el Consejo de la Judicatura Federal acata los lineamientos constitucionales que marcan la nueva forma de aplicación de una justicia basada en el esquema penal acusatorio que busca ser pronta, completa, imparcial y gratuita.

El Código Nacional de Procedimientos contiene elementos que buscan combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.

El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema y unificar procedimientos a nivel nacional.

El Código Nacional de Procedimientos Penales forma parte del mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008, para transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.

Dentro de la nueva legislación, se establecen nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos de los órganos jurisdiccionales locales y federales, como la regulación de juicios orales, que se llevarán a cabo en audiencias públicas, para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas.