Los 10 servidores públicos que la Secretaría de la Contraloría (SC) sancionó por su responsabilidad en el enfrentamiento de Chalchihuapan solicitaron un juicio de revocación para evitar el castigo, mismo que en caso de ratificarse, aún pueden combatir mediante un amparo.

El contralor Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz indicó que aparte de esos funcionarios, llevan a cabo una investigación sobre la participación de otro grupo de policías estatales en los hechos, cuyo número evitó precisar por la confidencialidad del caso requiere –dijo–.

El 18 de octubre, el gobierno estatal informó que la SC sancionó a dos funcionarios, dos mandos medios y seis elementos operativos.

La sanción se dio en el marco del cumplimiento de la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dirigió en septiembre por el enfrentamiento ocurrido entre efectivos estatales y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio.

Las sanciones consistieron en una amonestación y una multa para el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; y en la destitución de Ofelia Flores Ramos como Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, así como de dos mandos operativos de los cuales no se revelaron sus nombres.

Mientras que seis agentes fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados hasta por cuatro años para desempeñar cargos públicos.

Cuestionado sobre las penalizaciones durante una entrevista que concedió este miércoles, Hemmer Muñoz señaló que en total fueron sancionados cuatro funcionarios de la SSP y seis policías, los cuales recurrieron a un juicio de revocación para evitar las penas.

Los requerimientos están en revisión, sin embargo, en caso de que las sanciones se confirmen, los afectados aún cuentan con el recurso del amparo para evitarlas, señaló el contralor.

Dijo que de manera paralela a esos procedimientos, la dependencia lleva a cabo otras indagatorias sobre un grupo de policías estatales que participó en el enfrentamiento, en el cual fue herido el niño José Luis Tehuatlie con un proyectil de gas lacrimógeno, hecho tras el que perdió la vida.

Sin embargo, evitó dar detalles debido a que la investigación aún está en proceso y sólo se limitó a mencionar que los implicados son personal operativo.

Hay sólo dos denuncias contra ex funcionarios

En otro tema, el contralor refirió que únicamente ha recibido dos denuncias ciudadanas por la presunta malversación de recursos que la anterior administración estatal, a cargo de Mario Marín Torres, destinó a su principal programa social Unidos Para Progresar (UPP), las cuales se están investigando y en caso de corroborarse “se llegará hasta las últimas consecuencias”.