La opacidad del gobierno estatal no permite a los ciudadanos defender su territorio ni saber qué uso se da a los bienes públicos, aseguró Lilia Vélez Iglesias, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Puebla.

Puso como ejemplo el caso del Parque Intercultural en las Cholulas, el Teleférico y la Arena de Espectáculos junto al estadio Cuauhtémoc, anunciada la semana pasada.

La especialista en transparencia expuso que pese a existir un marco jurídico donde se garantiza el acceso a la información que tiene que ver con los bienes o proyectos públicos, no se cumplen esas disposiciones en Puebla.

"El gobierno del estado tiene reservada toda la información con proyectos y obras públicas, en una reserva que evidentemente es ilegal", dijo Vélez Iglesias.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, para reservar los datos o documentos los gobiernos tienen que demostrar un daño al interés público, lo cual no está ocurriendo en Puebla.

Cabe recordar que en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se establece que: "Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad".

Opacidad afecta a ciudadanos

La falta de transparencia, desde la perspectiva de Lilia Vélez, pretende evitar que los ciudadanos sepan qué proyectos existen para sus territorios o qué ocurre con los bienes públicos, también cuánto cuestan los proyectos y bajo qué argumento se están justificando.

Algunas de las estrategias que ocupa el gobierno poblano para no entregar la información son declarar su inexistencia, reservar los datos o decir que la información no está digitalizada para que se consulte in situ (en el lugar).

"Esto es para que las organizaciones y ciudadanos se cansen y desistan en su afán de obtener información", sostuvo la experta.

A pesar de que todas las prácticas antes citadas violan el derecho al acceso a la información, en la entidad son solapadas por la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), que en lugar de ser garante de la información es "garante de la opacidad".

La académica de la Universidad Iberoamericana Puebla señaló que la información, que muchas veces no se proporciona, puede ayudar a que las organizaciones interpongan amparos o conozcan con exactitud en qué consisten los proyectos para ver si los beneficia o no.