El presidente Enrique Peña Nieto convocará a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a la sociedad, para emprender cambios que impidan que se repitan casos como el de la agresión a estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

Dio la bienvenida a los posicionamientos de partidos políticos y representantes de la sociedad civil por los hechos ocurridos el 26 de septiembre, “para que unamos esfuerzos en favor del Estado de derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”.

Ayer, durante la presentación de los 25 reglamentos derivados de la reforma energética, indicó que independientemente de las investigaciones de la PGR en torno al caso Iguala, es indispensable tomar medidas institucionales “para que hechos como estos no se vuelvan a repetir”.

Según una nota del periódico El Universal, en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Peña Nieto agregó que para ello, en los próximos días convocará a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a organizaciones de la sociedad.

“En los próximos días convocaré a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a las organizaciones de la sociedad, para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y asegurar la vigencia plena del Estado de derecho en nuestro país”.

La víspera, los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, plantearon que es necesario trabajar de manera conjunta con los sectores productivos y el gobierno para concretar acciones que reviertan la situación de inseguridad que se vive en el país.

Olvidan estados armonizar sus códigos penales con legislación federal

El 30 de noviembre vence el plazo de nueve meses que se estableció en la Constitución para que los estados armonicen sus leyes locales con el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el cual funciona el nuevo sistema penal acusatorio. El problema es que casi ninguna entidad, incluyendo al Distrito Federal, lo ha realizado.

Así lo señaló María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec). La funcionaria no precisó el número de estados que no han hecho este procedimiento, pero subrayó que el avance en este aspecto es mínimo.

“Es un importante rezago en la materia, el cual es urgente e inminente atender, sobre todo si consideramos que el propio código (Nacional) establecía un plazo de 270 días para esta tarea”, dijo Fromow en el marco de la inauguración del Foro “La Conago ante los desafíos del Sistema de Justicia Penal y la Oralidad” según otra nota del diario 24 Horas.

Cabe recordar que cada estado cuenta con un código de procedimientos penales individual. Sin embargo, la promulgación desde febrero del Código Nacional unifica la forma en la que se realizan los nuevos procedimientos y juicios orales, lo que hace necesario adaptar las leyes locales a los lineamientos nacionales.

El gobernador de Durango y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Jorge Herrera Caldera, reconoció el rezago que existe en esta materia y señaló que solamente quedan 27 días (26 a partir de hoy) para que los estados adecuen sus códigos penales a los lineamientos del Código Nacional.

“Desde aquí hago un amplio llamado a todas las entidades federativas para que cumplamos con esta obligación legal”, señaló el gobernador.

Respecto a la declaratoria que cada estado debe hacer por ley, para anunciar cuándo y cómo se implementará el nuevo sistema penal, Fromow señaló que aún faltan 10 entidades que lo hagan.

Pese a los retrasos que existen en cuanto a las adecuaciones legales, la titular de la Setec destacó que ya existan 22 estados que operan, por lo menos parcialmente, el sistema de juicios orales y justicia alternativa, y añadió que antes de que concluya el año seis estados más comenzarán a hacerlo.

Por su parte, la subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez, confirmó que a nivel federal comenzará la operación del sistema el próximo 24 de noviembre en los juzgados y ministerios públicos federales de Puebla y Durango

Benítez subrayó que se ha hecho un trabajo intenso que se ha visto reflejado, por ejemplo, en la actualización de 76 protocolos, el diseño de un modelo informático que permita la interconexión de bases de datos, la actualización del informe judicial homologado, entre otros.

La Conago expresó su respaldo a la propuesta hecha por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia para que se diseñe un presupuesto permanente destinado a la operación del nuevo sistema penal.

“La idea es que se pueda lograr un recurso que sea permanente es decir, que exista un fondo que no este año con año negociándose sino que con toda la certeza este destinado precisamente a los tribunales”, dijo el gobernador de Durango.

El gobernador de Chihuahua César Duarte, coordinador de la comisión de justicia y seguridad de la Conago, señaló que la operación del sistema de juicios orales es distinta a la del sistema actual y exige un mayor ejercicio de recursos.