Patricia Leal Islas se negó a señalar porqué durante su gestión al frente de la Contraloría estatal no detectó el supuesto desvío de 800 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) entre 2008 y 2010, y tan sólo señaló que las “pruebas supervenientes” reveladas esta semana obligan al gobierno del estado a realizar una investigación sobre los ex funcionarios marinistas.

En entrevista, la actual diputada de Acción Nacional insistió en que se conduce en el “marco de la ley”, por lo que cuando fue titular de la Contraloría no podía revelar los hallazgos sobre el uso de los recursos empleados en la Sedeso, dependencia que en la recta final del sexenio marinista tuvo como responsables a Javier López Zavala y Juan Carlos Lastiri Quirós.

Sin embargo, Leal Islas consideró que las pruebas publicadas por el periódico El Sol de Puebla obligan a la Contraloría a iniciar una investigación y que se proceda en consecuencia.

El medio publicó que alrededor de 800 millones de pesos fueron desviados del programa Unidos para Progresar, en el sexenio pasado, ya que se pagaron obras y apoyos sociales que nunca se entregaron a sus beneficiarios.

Al cuestionar a Leal Islas si la fracción panista solicitará que se abra la cuenta pública del ex gobernador Mario Marín Torres, como lo sugirió Jorge Aguilar Chedraui, sentenció que la fracción panista no tiene “nada que ver” con la denuncia mediática en la que se implica a Valentín Meneses Rojas, Gerardo Pérez Salazar, Lauro Sánchez López, Gerardo Mejía Ramírez y Víctor Sánchez Ruiz como los operadores del desvío de recursos.

Investigación debe apegarse a derecho

Víctor Manuel Giorgana Jiménez, coordinador de la bancada del PRI, manifestó que la investigación que inició el gobierno del estado por el presunto fraude en la Sedeso debe apegarse a la ley, ser imparcial y objetiva.

El priísta descartó que la información publicada en El Sol de Puebla sea una “declaración de guerra” por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle en contra de su partido, y consideró que sería “temerario” responsabilizar a la administración estatal de filtrar documentos sobre la supuesta malversación de los recursos del programa Unidos para Progresar.

Asimismo, dijo que se deben separar los avances de la investigación a cargo de la Contraloría de la aprobación de la cuenta pública de Marín Torres, por lo que pidió “mesura” debido a que todavía no se conoce el resultado de la averiguación.