Aunque el Congreso pretende oficializar la entrega de un millón de pesos para cada uno de los 41 diputados por concepto de “apoyo parlamentario”, no se reformará la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni su reglamento para transparentar el uso de los recursos.

De acuerdo con Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la comprobación de tal partida tiene implicaciones directas en la cuenta pública del presidente en turno del Congreso.

Sin embargo, al cuestionarle si se daría una reforma al marco jurídico del legislativo, el priísta reiteró que es durante el análisis que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hace a la cuenta pública del Congreso, cuando se revisa y comprueba el uso que cada diputado le da a su partida de apoyo legislativo.

“Tiene implicaciones en términos de cuenta pública, el asunto en términos de la justificación, si en este momento se tomara la determinación de regularizar de comprobar el gasto, el presidente en turno de la Junta de Gobierno sería el responsable de la comprobación de toda esa cantidad”, arguyó Giorgana Jiménez.

Pese a que en la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento no se estipula cómo se debe de comprobar el uso del denominado “apoyo parlamentario”, los integrantes de la LVIII Legislatura aseguraron que con la entrega de notas de remisión de los artículos solicitados por los ciudadanos se constataba que los recursos sirvieron para concretar las peticiones.

Otra de las maneras con la que se comprobaba el uso del apoyo parlamentario es a través de informes en los que se hacía una relatoría de cuáles fueron las gestiones hechas por los ciudadanos.