La Asamblea Social del Agua (ASA) dio un ultimátum al gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle para que en un plazo no mayor de seis meses, que vencerá en febrero de 2015, el estado garantice el derecho humano al agua y abrogue las leyes que permitieron la concesión del servicio a particulares.

En caso de “no impulsar nuestras peticiones nos veremos en la necesidad de desarrollar todas las actividades que sean necesarias para desconocerlo como gobernador, pues el tema del agua es una cuestión de seguridad nacional”, aduce un documento que integrantes de del ASA repartieron en las oficinas de gobierno y dependencias implicadas

En una procesión que comenzó desde temprana hora, ciudadanos emprendieron una visita a los diferentes representantes de los poderes en Puebla, a los que entregaron un emplazamiento acompañado por centenas de firmas de inconformes. En el documento se exige garantizar una nueva Ley Ciudadana del Agua, que se lleve a consulta y que las tarifas vuelven a ser las anteriores.

Autoridades se niegan a dialogar

Los ciudadanos entregaron el escrito donde se documenta que pese a la solicitud de diálogo con autoridades en diferentes ocasiones y por varios canales, no ha existido acercamiento alguno.

El documento le hace saber al mandatario en forma detallada por qué las medidas emprendidas violan flagrantemente lo dispuesto en la Constitución, desglosando artículo por artículo.

También transcribe las diferentes Observaciones Generales del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales a los que se ha suscrito el Estado mexicano. Así como lo resuelto en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Convención de Biodiversidad, además de la Resolución A/RES/64/292 del organismo y un sinnúmero de Tratados Internacionales donde consta, según la Asamblea Social del Agua (ASA),  que las disposiciones de Moreno Valle son violatorias al derecho internacional.