El Poder Judicial en Puebla sí encontró a Alfredo Arango García penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito y se le dictó sentencia condenatoria, sostuvo este lunes la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.

Cabe señalar que el domingo, el ex secretario de Salud estatal reapareció de forma pública y sostuvo que está tranquilo, en paz y con la cara limpia a casi un año de su libertad.

Arango no quiso señalar si fue un "chivo expiatorio" por su detención y encarcelamiento durante dos años, luego que el gobierno estatal actual le decomisara bienes por más de 79 millones de pesos.

La Procuraduría General de Justicia indicó que el ex funcionario del sexenio anterior estuvo recluido por más de 1 año 11 meses en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, sin embargo al tratarse de un primo delincuente, el juez de su causa le concedió la conmutación de la pena por una cantidad económica por cada año de prisión preventiva al que estaba sentenciado, con lo que fue excarcelado. 

“Asimismo la autoridad judicial  le estableció una multa equivalente al delito antes referido, y le fueron decomisados varios inmuebles”.

“En todo momento, tal como se acredita en el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, documentó que Alfredo Arango García, fue penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, lo que consta ya como un antecedente penal en contra del sentenciado”, se indicó a través de un comunicado.

Nueve meses fuera de prisión

Alfredo Arango abandonó el centro penal de San Miguel el 28 de diciembre de 2013, tras pagar una multa de un millón y medio de pesos por una pena conmutable de cuatro años en prisión, tras ser acusado y procesado del delito de enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos.

Luego de pasar dos años encarcelado, Arango fue sentenciado por el Juez Octavo de lo Penal, Celestino Martínez, lo que permitió que pudiera conseguir su libertad mediante la conmutación de la pena.

El ex funcionario fue detenido el 12 de enero de 2012 por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos por su paso en la administración pública.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) le decomisó aproximadamente 30 propiedades valuadas en 79 millones de pesos.