La Comisión Permanente del Congreso de la Unión abordó este miércoles dos dictámenes sobre el caso Chalchihuapan: en el primero, aprobó 4 distintos pronunciamientos de condena a la actuación de la Policía Estatal y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre sus investigaciones; pero en el segundo desechó pedir a esta misma instancia un análisis sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bala”.

Los dos dictámenes, elaborados por la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fueron avalados por el pleno en la sesión de este miércoles sin discusión y en votación económica.

Primer dictamen

En el resolutivo del primer dictamen se tomaron en cuenta tres proposiciones presentadas los pasados 16 y 23 de julio y 6 de agosto por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), en las que se condena la “represión” ejercida por el gobierno de Rafael Moreno Valle el pasado 9 de julio, en la refriega en que resultó herido de muerte el niño de 13 José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

En este mismo dictamen, se incluyó el punto de acuerdo del 29 de julio, en el que la diputada del PRI Rocío García Olmedo solicitó también que se elevara una “condena a todo uso desproporcionado de la fuerza que haya sido o pueda ser implementado por el gobierno del estado de Puebla, en relación con los eventos suscitados en la autopista Atlixco-Puebla el pasado 9 de julio de 2014”.

Aunque los puntos de acuerdo, con distintos matices, también solicitaban la “reparación del daño” por la muerte del menor, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Procuraduría General de Justicia y la conformación de una comisión especial, sólo fue tomado en cuenta por la Primera Comisión de la Comisión Permanente –que elaboró el dictamen–, la propuesta se solicitar un informe a la CNDH, en el que coincidían los tres documentos.

Carpetazo a la “Ley Bala”

En el segundo dictamen, la Primera Comisión desechó la proposición que exhortaba a la misma CNDH a revisar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado de Puebla, conocida como “Ley Bala”.

En este caso, la comisión dictaminadora consideró que “la proposición motivo se encuentra sin materia, en virtud de que el estudio solicitado por los proponentes ya fue realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus atribuciones; además resulta pertinente señalar que dicho ordenamiento se abrogará a petición del gobierno del estado de Puebla”.

Sin embargo, el documento reconoce que la “Ley Bala” es repudiada por la sociedad poblana y que ocasionó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

“La ley en cuestión lleva casi dos meses de vigencia, durante este tiempo ha sido objeto de numerosos señalamientos debido a las facultades que otorga a la policía del estado, respecto al uso de la fuerza. En este sentido, se han suscitado actuaciones de la policía estatal que han derivado en supuestas violaciones a los derechos humanos, según diversas denuncias interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla”, reconocieron los legisladores.

Lo que está y lo que viene

Cabe mencionar que sobre el caso Chalchihuapan, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja ya fue aprobada la conformación de una Comisión Especial que investigue las violaciones graves a los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad, por parte de elementos de la Policía Estatal, pero falta todavía el aval del pleno, lo que no podrá ocurrir sino hasta después del 1 de septiembre, cuando los dos órganos del Congreso de la Unión regresen a su periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, las peticiones de intervención de la PGR y la SCJN podrán volverse a solicitar por separado en San Lázaro y/o el Senado de la República, después de inaugurado, el próximo 1 de septiembre, el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.