Después de que ayer se venciera el plazo para que la CNDH y el IFAI interpusieran el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, cosa que no sucedió, la Red en Defensa de los Derechos Digitales interpondrá amparos para revertir la normativa que viola la privacidad, los derechos humanos e, incluso, puede criminalizar a los ciudadanos sin que lo sepan.

Luis Fernando García, de la red, indicó durante el Foro Pensar, Decir y Manifestarse: Los Derechos Humanos y la Vigilancia de las Comunicaciones, organizado por la Universidad Iberoamericana (UIA), que es algo de llamar la atención que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que era un organismo autónoma que contaba con alguna clase de legitimidad, haya votado cuatro contra tres para que no se interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no hizo el intento de defender el derecho a la privacidad.

El activista destacó que sobre todo la hay dos cuestiones que preocupan sobre la Ley Telecom: la primera tiene que ver con la retención de los datos personales por las compañías telefónicas y de internet, y la segunda sobre la localización de los usuarios en tiempo real.

Datos personales, abiertos a perpetuidad

Con respecto a la primera situación, García dijo que a partir de hoy no sólo las Procuradurías podrán acceder a los datos personales retenidos por las compañías de telecomunicación por dos años, sino que también lo harán "todas las instituciones de seguridad pública", aunque en la ley no se detalla quiénes son estas dependencias, las cuales pueden ser desde los Ministerios Públicos, las policías federal, estatal y municipal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los reclusorios.

Además de que a partir de este momento los datos personales obtenidos de las telecomunicaciones, que tienen que ver con los números a los que se llama, las frecuencia y duración de estas llamadas, el origen y destino de las mismas, podrá quedar abierto de manera perpetua para una gran gama de instituciones si es que la Procuraduría inicia una averiguación previa.

Aunado a esta situación los ciudadanos que estén siendo investigados no serán informados sobre qué autoridades están accediendo a sus datos ni con que fines. Tampoco se requerirá de la autorización de un juez para que se obtengan la información de los ciudadanos.

Para Luis Fernando esto implica que los mexicanos no nos podremos defender ante la autoridad judicial para que no se acceda a la información personal, lo cual es una clara violación al derecho de la privacidad.

Geolocalización sin aviso

Por otra parte, la geolocalización en tiempo real que argumentó el gobierno para detener a delincuentes también podrá ser utilizada para cualquier otro ciudadano, como pueden ser defensores de los derechos humanos, activistas u opositores del gobierno.

De igual forma, todas las autoridades de seguridad podrán utilizar esta herramienta sin necesidad de informar a un juez, sin informar sobre qué delito se le imputa y si es válido ante la ley usar la localización.

Con todas estas situaciones, para el representante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales "se abre un campo para el autoritarismo", dado que estas herramientas digitales implican un "poder muy amplio" y no hay institución ajena que vigile su aplicación por parte de las autoridades.

Por este motivo recurrirán a los amparos contra la normativa y aunque defenderá sólo a la persona u organización que lo interponga, se podría lograr un recurso de inconstitucionalidad a través de la reiteración de sentencia. Aunque sería muy complicado que llegara a ocurrir, confió en que la sociedad civil organizada revierta la Ley de Telecomunicaciones como ha ocurrido en otros países.