Legisladoras del PRD y PT solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conseguir la libertad inmediata de los dos líderes campesinos opositores al Gasoducto Morelos y uno más que protestaba contra la construcción del Arco Oriente y que están presos por una “detención arbitraria” y debido a un proceso plagado de “irregularidades”.

Loretta Ortiz Ahlf, diputada federal petista, y su colega perredista Roxana Luna Porquillo, enviaron la solicitud para que la CIDH decrete medidas cautelares de libertad en esos tres casos, con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es firmante.

De esta manera, aseguran, ese órgano internacional podrá exigir, por encima de la competencia de las autoridades estatales, que el Estado mexicano libere a las tres personas, a quienes se les ha negado la libertad bajo caución, a pesar de ser meritorias para ésta, aseguran.

El documento que fue enviado este jueves y que debe ser respondido a la brevedad, solicita a la Comisión Interamericana que “tome las medidas cautelares para garantizar el derecho al debido proceso de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís (opositores al Gasoducto Morelos) y Abraham Cordero Calderón (líder campesino opositor al Arco Oriente)”.

Asimismo, le solicitan al organismo internacional de defensa de los derechos fundamentales que “adopte una determinación rápida que permita garantizar efectivamente el goce del derecho a la libertad personal, en el ámbito interno y ponga fin a la práctica indiscriminada y desproporcionada de la prisión preventiva”.

Los detenidos

Enedina Rojas Vélez es comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, mientras que Juan Carlos Flores Solís es vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La organización social campesina se opone a la instalación del Gasoducto Morelos, por los daños que traerá a la región que, han advertido en diversos foros lo mismo líderes comunitarios que legisladores, “será devastada”.

Enedina, con 60 años de edad, fue arrestada el pasado 6 de abril, cuando salía de una reunión en el pueblo de San José Teruel, en el municipio de Tepeojuma.

Juan Carlos Flores Solís fue arrestado un día después, cuando salía del edificio de la Comisión estatal de Derechos Humanos, a donde había acudido para denunciar los abusos en la detención de Enedina Rojas.

En tanto, Abraham Cordero Calderón es el presidente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, organización que se opone a los proyectos del Arco Poniente, el Gasoducto y la privatización de los servicios del agua en el estado. Fue aprehendido el 8 de abril. Las tres detenciones las realizó personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla.

Derecho internacional

En conferencia de prensa, en la que con más legisladores también anunciaron que se enviaron informes sobre el caso Chalchihuapan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), Luna y Ortiz aseguraron que su solicitud de libertad, con base en el derecho internacional, tiene el apoyo también de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Loretta Ortiz Ahlf, quien además de diputada es doctora en derecho internacional, describió que la respuesta de la CIDH a esta solicitud debe ser expedita.

“Las medidas cautelares, como su mismo nombre lo indican, tratan ser breve de resolver, de manera pronta y expedita y de garantizar el derecho a la libertad.

“Entonces tienen por finalidad el obligar a las autoridades, el ordenarle a las autoridades, como somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pongan en libertad, que ordenen al Estado mexicano, poner en libertad a los detenidos. Que en realidad son, no son delincuentes del orden común, sino se podrían considerar presos políticos, es decir, más que políticos por actuar en defensa de determinadas causas sociales, de movimientos sociales, en ejercicio de sus derechos y que no han sido precisamente protegidos por el gobernador Moreno Valle”.

La diputada del PT dijo que los tres activistas fueron “detenidos de manera arbitraria sin que existan pruebas para su detención y tampoco se les ha permitido, a pesar de que merecen, en todo caso derecho a la caución y estar en libertad, se les ha negado la libertad”.

“La situación en Puebla, en general, es una situación muy grave y que es lo que ha obedecido a que diputados de distintas fracciones nos sumemos a esta acción. Ahorita no nos acompañan otros diputados, incluso del PRI, que también están en contra de toda la situación o todas las acciones que ha tomado el gobernador Moreno Valle, en Puebla”.

En tanto, La diputada Luna Porquillo aseguró que en Puebla se está excluyendo a los campesinos y pisoteando sus derechos, como en el caso del Gasoducto Morelos, el Arco Oriente y las hidroeléctricas de la Sierra Norte, de ahí el creciente malestar ciudadano y las manifestaciones, que son un derecho de los ciudadanos, como la que se dará el próximo domingo contra el gobernador Moreno Valle Rosas

“Esa es la manifestación y por eso la gente se está movilizando ¿sabes y conoces el proyecto del Arco Poniente en donde los mexicanos son beneficiados de más de 150 toneladas de hortalizas que alimentan a la capital y que son esas zonas productoras en donde se pretende expropiar para autopistas, por qué no carreteras  federales?”, le dijo a modo de respuesta a una reportera, durante la conferencia de este jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Se está excluyendo a los campesinos de estos proyectos; más de 90 concesiones mineras se van a, se están dando y otorgando en la Sierra Norte de Puebla, eso ha traído como consecuencia pues que la gente diga ‘donde estamos incluidos’ o ‘no estamos de acuerdo con los megaproyectos’, y no es una situación que corresponda a la necedad de no querer aceptarlo. La pregunta es ¿el gobierno del estado le ha hecho del conocimiento a los poblanos de sus megaproyectos?”, se preguntó la legisladora poblana.