Decenas de vecinos de San Bernardino Chalchihuapan ratificaron sus quejas y denuncias contra la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, ante visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que la tarde de este miércoles visitaron la junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Entre quienes reiteraron los testimonios de que fue la policía quien comenzó la refriega del pasado 9 de julio y que fueron los elementos policiales fueron quienes dispararon el proyectil que hirió mortalmente a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, estuvo su madre, Elia Tamayo, quien reiteró sus acusaciones contra el gobierno estatal.

Nuevamente, sin variar en sus versiones, aseguraron que la policía del gobierno del estado utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y otros proyectiles.

Hasta el momento y a pesar de que se han realizado varios llamados desde el Congreso de la Unión para que se pronuncie el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ha guardado silencio.

El miércoles pasado, en conferencia de prensa, el senador Manuel Bartlett le Díaz exigió al ombudsman que emita un pronunciamiento sobre el caso, pero la CNDH sólo ha informado por medio de comunicados que atrajo las investigaciones del asesinato del niño de 13 años y de los hechos del enfrentamiento del pasado 9 de julio en el kilómetro 16 de la autopista Puebla-Atlixco.

Las condecoraciones

El pasado 21 de mayo, Raúl Plascencia Villanueva recibió dos condecoraciones del gobierno del de Puebla: la Clavis Palafoxiana y la Cédula Real; en la entrega de los reconocimientos participaron el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y el alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad.

También ese día, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) le otorgó el Doctorado Honoris Causa. En la ceremonia estuvo presente el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Ahí, Plascencia Villanueva alabó las acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte del gobernador Rafael Moreno Valle.

En medio de la polémica de la llamada “Ley Bala”, que había sido aprobada hacía apenas tres días –el 19 de mayo–, el ombudsman nacional desestimó las denuncias de organizaciones ciudadanas y dijo que la revisaría; luego un juez determinó su suspensión y hace unos días el mismo gobernador reculó, al enviar una iniciativa para abrogarla.