La Coordinación Estatal en Defensa de los Derechos e Identidad de los Pueblos (Cedip) anunció que este miércoles realizará una movilización en la capital del país que concluirá con una denuncia pública ante el Senado de la República, para exigir la abolición de la #Ley Bala, así como varias reformas aprobadas sin previo análisis en el Congreso del estado.

Además pactaron evidenciar a nivel nacional las tropelías y abusos de poder por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Esta decisión fue tomada en asamblea de la Coordinación Estatal, efectuada este sábado en el auditorio de la comunidad de Chipilo, donde se reunieron por lo menos medio centenar de presidentes auxiliares de diferentes regiones, como la capital, los volcanes, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Negra y área metropolitana.

Tan sólo en este fin de semana se efectuaron dos reuniones más, pues las autoridades temen una detención masiva de presidentes auxiliares. El segundo cónclave –a puerta cerrada– se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio Cacalotepec.

El alcalde subalterno de San Martín Tlamapa, José Salomé Pacio Grande, informó que a la fecha suman más de 120 presidentes auxiliares en la agrupación, a la que se han adherido ediles subalternos de la ciudad de Puebla.

En entrevista, adelantó que exigirán en la capital del país la devolución del registro civil a las comunidades poblanas, servicio público que a raíz de las reformas a la Ley Orgánica Municipal se les incautó y se concentró en las 217 cabeceras municipales de la entidad.

Pacio Grande precisó que el propósito principal de la manifestación es demandar la mediación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante los actos de ingobernabilidad en el estado.

Asimismo, solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues en los últimos dos meses se han violentado las garantías de los poblanos con la entrada en vigor de la Ley Bala, que autoriza utilizar armas de fuego para dispersar protestas sociales, como recientemente ocurrió en el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan.

“La Coordinación Estatal de presidentes auxiliares comenzó con 20 agremiados, pero en tan sólo dos semanas se sumaron 90 más, y ahora somos 120 autoridades de comunidades rurales, principalmente, por lo que no descartamos que en la marcha se sumen otros ediles”, confirmó a esta reportera.

La movilización de las autoridades poblanas al Distrito Federal, expuso, es porque actualmente se encuentra frenado todo trámite administración para solicitar actas de nacimiento a recién nacidos, de defunción y otros servicios.

Por más de cinco horas, relató que los presidentes subalternos plantearon en Chipilo cada una de sus necesidades que no han sido resueltas por los ayuntamientos, como es el retiro de sus facultades del registro civil y la pérdida del control de la policía local.

Esta situación –dejaron en claro– abre la brecha para que el crimen organizado pueda penetrar a estos cuerpos policíacos, que antes estaban conformados por vecinos de las comunidades y que ahora estará a cargo de los gobiernos municipales.

En ese sentido, arguyeron que es del dominio público que existen ayuntamientos coptados por las bandas delictivas, quienes operan el narcomenudeo y el robo de autopartes, en viviendas y a transeúntes.

Por tal razón, dijo que a la par de la protesta social en las comunidades se comenzará una jornada de información en los pueblos, para que los habitantes estén enterados de primera mano de las acciones que efectúan sus gobiernos.