Un periodo de 15 días otorgó el Consejo de Colonos del municipio de Puebla a los diputados locales para que atiendan su petición de replantear las tarifas del servicio de agua potable, pues de lo contrario amagaron con presentar un amparo colectivo y así evitar el pago de las cuotas a la empresa Concesiones Integrales.

La presidenta fundadora del organismo Graciela Martínez Miranda acudió este lunes a la sede del Congreso local para entregar de manera formal una petición a los legisladores y sostener una reunión en los próximos 15 días.

Lo anterior, después de que la semana pasada la asociación encabezó una manifestación en las oficinas centrales del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) que desde marzo pasado está concesionado a la empresa Concesiones Integrales, para denunciar aumentos de hasta 388 por ciento en las tarifas del servicio del vital líquido.

En entrevista al acudir a la sede del Poder Legislativo, Martínez Miranda indicó que la petición a los legisladores consiste en que lleven a cabo una reunión con el Consejo, así como con miembros de la empresa concesionaria del Soapap y representantes del gobierno del estado, a fin de que hagan un nuevo análisis y bajen las tarifas del suministro de agua potable.

La titular del organismo recordó que uno de los compromisos pactados con Concesiones Integrales durante la protesta que llevaron a cabo fue el sostener una reunión con los legisladores para redistribuir los costos.

“El Consejo de Colonos del municipio de Puebla hace un llamado al Congreso del Estado de Puebla, a través de nuestros diputados con el propósito de que se haga una exhaustiva revisión social, económica y administrativa, con el único objetivo de que sean más justos y equitativos los cobros de las tarifas respectivas”, cita el documento entregado a los legisladores.

Eliminación de boletas con cobros excesivos, sólo es un “Mejoral”

Graciela Miranda señaló que la instrucción que giró el gobierno del estado para que se eliminaran las boletas de cobro del Soapap con costos “excesivos”, es sólo un “mejoral” a la situación, pues lo que debe realizar la administración estatal y los legisladores es redefinir las tarifas a fin de que estas sean justas.

Acusó que el suministro del agua potable es un derecho humano con el cual no debe lucrarse, por lo que hizo un llamado al gobernador Rafael Moreno Valle, así como a los diputados locales a replantear la situación y bajar el costo del vital líquido.

Reiteró que en caso contrario, presentarán un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), que inicialmente representaría a más de medio centenar de colonos de diversas zonas del municipio capitalino y el cual, dijo, se encuentra listo para ser interpuesto.