La Comisión para el Acceso a la Información del estado de Puebla (CAIP) es un órgano que sirve al poder público, carece de autonomía y ha olvidado su obligación constitucional de promover la transparencia de la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos. 

Así lo expuso este martes la organización Article 19 al emitir un comunicado sobre la determinación de la CAIP de impugnar un fallo judicial federal que le pidió pronunciarse sobre la entrega de información del gasto en publicidad oficial y comunicación social, las pensiones y jubilaciones y servicios generales de la administración pública estatal, que debieron otorgar Puebla Comunicaciones y la Secretaría de Finanzas y Administración del estado a través de una serie de solicitudes de información realizadas en abril de 2013, por el periodista del portal Lado B, Ernesto Aroche.

Article 19 cuestiona además que a la impugnación de la CAIP se haya sumado otra de la Consejería Jurídica Estatal, que “curiosamente” contiene los mismos argumentos del “supuesto” órgano garante del derecho a la información.

“El recurso de revisión interpuesto por la CAIP es el reflejo de la falta de especialidad, autonomía y del servilismo respecto al poder público en detrimento de la transparencia y el derecho de acceso a la información”, señala el comunicado.

Asimismo refiere que la CAIP olvidó su obligación constitucional de publicar toda información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos. “Es decir, ignorando todos los avances que ha habido en la materia para garantizar efectivamente este derecho y hacer prevalecer el principio de máxima publicidad, ésta comisión olvidó su carácter de garante y se convirtió en la contraparte del ciudadano mandándolo a tribunales”.

Contrario a lo que hizo, y a fin de garantizar el derecho a la información, la CAIP debió cumplir con el fallo del Sexto Juez a fin de determinar la entrega de información en la modalidad solicitada (vía electrónica).

La organización demandó a la CAIP y a su presidente José Luis Javier Fregoso Sánchez que explique públicamente las razones por las que decidió llevar a tribunales a Ernesto Aroche, quien en ejercicio periodístico busca informar a la sociedad sobre el gasto del gobierno del estado.

Señaló que su actuación, como órgano administrativo con facultades jurisdiccionales, debe ceñirse a la garantía última de los derechos fundamentales y los principios  de la transparencia y el acceso a la información, como el de máxima publicidad y no de intentar, a través de recursos jurídicos, la no aplicación de las obligaciones constitucionales.

Puebla, reino de la opacidad

Puebla se ha destacado por implementar prácticas intimidatorias y dilatorias para dar acceso a la información a sus ciudadanos, convierténdose en el campeón de la opacidad en lo que refiere al Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas, agregó la organización.

“Desde el sexenio de Mario Marín, la sociedad demanda conocer los montos destinados a este concepto y ahora el gobierno de Moreno Valle mantiene vigente este pendiente. Sin embargo,  ARTICLE 19 no ha dudado en señalar, a través del INOGDAI, la capacidad de la CAIP para hacer bien las cosas. La actuación de esta institución en últimas fechas denota un retroceso en la garantía del derecho para el que fue creada. Casos como este evidencian una deconstrucción institucional que no es menor y merece un análisis detenido. En este caso, la CAIP tuvo la oportunidad clara de volverse garante del derecho y acatar lo indicado en la sentencia determinando la entrega de la información sobre el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social; pensiones y jubilaciones; y servicios generales tal como le encomienda la Constitución”.

Article 19 confió en que la determinación del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Materia Administrativa en el que se encuentra radicado el recurso de revisión 245/2014 se apegue a derecho, sin que medie ningún tinte político en su resolución final y asimismo se consideren los avances que se han logrado para garantizar el derecho a la información en la entidad.