Hostigamiento, empujones, aprensiones originadas por la detección de preservativos y por su vestimenta y hasta irregularidades administrativas, como negarles trabajo comunitario y aceptar sólo multas económicas a cambio de su libertad, forman parte de las anomalías que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos detectó en el actuar de policías y funcionarios municipales contra sexoservidoras.

Por lo anterior, el organismo solicitó al gobierno capitalino abrir una mesa de diálogo, a fin de lograr reformas al Código Reglamentario Municipal (Coremun) que ofrezcan garantías y protejan los derechos humanos de mujeres que ejercen la prostitución.

Brahim Zamora Salazar, representante del Observatorio, informó que están a la espera de que la administración del acalde José Antonio Gali Fayad les otorgue una respuesta, una vez que la semana pasada hicieron una petición formal para iniciar un debate sobre el tema.

En entrevista, el activista explicó que en los próximos días concluirán y entregarán a la comuna un diagnóstico comunitario sobre la situación que viven 16 mujeres sexoservidoras que realizaban esa actividad en diversos sitios del Centro Histórico, una vez que estos fueron cerrados por la administración municipal.

Cabe recordar que por la clausura de los lugares referidos, las afectadas realizaron manifestaciones para exigir que estos sean reabiertos ya que, aseguran, son sus fuentes de empleo e ingresos.

Policías y jueces municipales amedrentan a sexoservidoras

Zamora Salazar dio a conocer que en el análisis que realizaron detectaron y documentaron un trato persecutorio de elementos de seguridad pública y jueces calificadores municipales hacia mujeres que se dedican al sexoservicio.

Detalló que una de las irregularidades consiste en que policías municipales toman como elementos de prueba de una actividad ilícita traer condones o la vestimenta de las sexoservidoras para detenerlas; asimismo, señaló que usualmente son aprendidas únicamente por haber sido detenidas con anterioridad.

Aunque no han detectado agresiones físicas graves, el activista señaló que sí han identificado un trato violento hacia las sexoservidoras cuando realizan operativos de revisión en donde éstas desempeñan su labor. Normalmente las maltratan con empujones y gritos, hecho que violenta los derechos humanos.

Además, revelaron que jueces calificadores no ofrecen trabajo comunitario a las afectadas en caso de que sean detenidas, tal y como sí ocurre con personas aprendidas por otro delito, pues sólo les ofrecen la opción de pagar una multa económica o una pena corporal consistente en varias horas de cárcel.

Zamora refirió que tales anomalías ocurren debido a que el Coremun no establece una regulación sobre el tema, por lo que no existen lineamientos a seguir por los policías municipales, quienes ante ello, caen en abusos.

Subrayó que con la mesa de debate que solicitaron establecer al gobierno capitalino, no buscan crear una zona de tolerancia pues esta genera explotación sexual, sino que se reglamente el actuar de los funcionarios públicos respecto a quienes realizan esa actividad, a fin de garantizar sus derechos humanos.

Agregó que el diagnostico que realizaron se efectuó con mujeres que dijeron ejercer la prostitución de manera voluntaria e independiente.