El derecho a la información constituye un principio fundamental de la democracia ya que empodera al ciudadano para que pueda ejercer plenamente su derecho a votar, ser votado, acceder a los cargos públicos, participar en el gobierno, asociarse en materia político-electoral, militar o afiliarse a algún partido político, aseguró Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Señaló que los organismos y autoridades que participan en todos los aspectos relacionados con la democracia como el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar el derecho humano a la información establecido en la Constitución, sin que la ciudadanía justifique para qué necesita los datos.

“La información, como todo derecho humano es inherente a la propia persona, a la mujer y al hombre, por lo que es necesaria para que puedan vivir de forma digna”, dijo el Magistrado durante la emisión del programa Justicia electoral a la semana.

Silva Adaya subrayó que todos los entes que reciben fondos públicos como los partidos políticos, las agrupaciones nacionales, los sindicatos, los organismos electorales, los gobiernos estatales, y otros, se convierten en sujetos obligados a proporcionar información a la ciudadanía sobre cómo ejercen sus atribuciones y cómo aplican los recursos que provienen de nuestros impuestos o de la venta del petróleo.

Agregó que en la medida en que la población pueda advertir qué es lo que está ocurriendo, en relación con el ejercicio de las atribuciones por parte de las autoridades y los diferentes órganos del Estado, se garantiza una actuación transparente y se fortalece la cultura de la rendición de cuentas.

TEPJF hace efectivo el derecho a la información

En la emisión correspondiente a esta semana, el Magistrado sostuvo que la Sala Superior ha hecho efectivo el derecho a la información y ha fomentado la cultura de la transparencia, dando así cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales así como en los reglamentos y acuerdos en la materia.

Refirió que en ese sentido versa la jurisprudencia que emitió la Sala Superior, en la que establece que las Salas Regionales son competentes para resolver juicios sobre derecho a la información en materia electoral, en lo relativo a las elecciones correspondientes a su jurisdicción siempre y cuando no se trate de datos reservados.

Silva Adaya destacó que la actual integración de la Sala Superior ha ejercido el control de constitucionalidad y convencionalidad para hacer efectivo el derecho a la información, pero ha salvaguardado los datos personales o la llamada información sensible, que atañe cuestiones que tienen que ver con aspectos de seguridad nacional.