El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala recordó que el 16 de mayo pasado,  se cumplieron dos años de que surgió su lucha “en el pequeño pueblo de  Huexca,  Morelos”, misma que venía dándose desde tiempo atrás en los estados de Puebla y Tlaxcala.

“Esta lucha que se hermanó ante  una misma amenaza en nuestros territorios empezó a marcar las historias entrelazadas de la ignominia y de la dignidad en los pueblos del Popocatépetl ante el  Proyecto Integral Morelos (PIM). Es la historia de los pueblos que han vivido armónicamente con el volcán durante siglos y de cómo un proyecto significará la ruptura de esta armonía”, afirmaron en un comunicado.

Desde el punto de vista del Frente de Pueblos, “la historia de la ignominia está marcada por  la falta de información, por las mentiras o verdades a medias de la CFE, de las autoridades  y gobiernos que por intereses económicos y políticos han sido cómplices y ejecutores de garantías y políticas a favor  de las empresas españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y Bonatti, ésta última de procedencia  italiana”.

Indicaron que su historia es la de la ausencia de consulta en sus comunidades, “de la amenaza de despojo de nuestras tierras y agua, de la amenaza a la alimentación, a la salud, de la violencia a nuestras instituciones y vida comunitaria, de la mentira, de la cerrazón a un diálogo real, de la burla hacia nosotros, el hostigamiento, amenazas directas, la represión a los pueblos,  la tortura a un compañero y el encarcelamiento injusto de tres de nuestros compañeros”.

Como parte de la lucha, los días 8 y 13 de mayo del presente año, el Frente de Pueblos logró que Ricardo Monreal llevara al Congreso dos propuestas de punto de acuerdo. Los documentos que se presentaron exponen las inconsistencias técnicas, los riesgos e impactos científicos del Proyecto Integral Morelos, la serie de violaciones a los derechos humanos y “el proceso de criminalización” de la protesta que, según ellos, “han impulsado los gobiernos de Moreno Valle y Graco Ramírez”.

“El primer punto de acuerdo es en relación a la liberación de los presos políticos C. Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón en el que se exhorta: a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus facultades realice las investigaciones correspondientes.  A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus facultades atraiga el expediente. A la Secretaría de Gobernación, para que revise el carácter de preso político de los compañeros y se determine su inmediata liberación, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos encargados de este atropello. Por último,  cese el clima de persecución y violencia contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT) y demás sujetos y organizaciones que se manifiesten en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM) en el territorio poblano y morelense”.

“El segundo  punto de acuerdo plantea: ‘La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, a que revisen las concesiones, los expedientes, y las Manifestaciones de Impacto Ambiental del Proyecto Integral Morelos (PIM); suspendan de forma temporal la ejecución de las obras, en tanto se realiza una consulta a las comunidades afectadas, y de resultar comprobado el riesgo inminente, cancelen definitivamente el PIM’”.

De acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, los diputados y senadores tienen la posibilidad de respetar la decisión de las comunidades afectadas con el dictamen a favor al punto de acuerdo. El voto favorable de los legisladores “protegerá la vida de miles de ciudadanos que vivimos en estas tierras,  priorizará el bien de la población ante el interés económico  de un desarrollo que no será para nosotros, evitará una catástrofe en el país, detendrá la represión que estamos viviendo, además de coadyuvar para la liberación de nuestros compañeros y  proteger  las decisiones del pueblo que representan. Por lo que hacemos un llamado a los integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, y en específico  al grupo de la tercera comisión, para votar a favor del punto de acuerdo”.

Subrayaron que los presos políticos son rehenes de las empresas españolas Abengoa, Elecnor, Enagas, Bonatti y la CFE. La violencia desatada hacia ellos y hacia otros sectores solidarios, se expresa en el hostigamiento, amenazas, desacreditaciones y detenciones ilegales, que quieren hacerlos desistir de su nuestra lucha, expresaron.