El ayuntamiento de Puebla comenzó con las notificaciones a 600 familias sobre los riesgos de vivir en los márgenes de ríos y barrancas, así como en las inmediaciones de ductos de PEMEX y de la CFE, pero rechazó que vaya a proceder al desalojo temporal obligatorio como lo expuso inicialmente el alcalde Antonio Gali Fayad.

Tras concluir el diagnóstico solicitado por el presidente municipal, Antonio Gali, el responsable del área, Gustavo Ariza Salvatori, afirmó que 120 familias están en riesgo inminente, de las cuales el 10 por ciento no cuenta con títulos de propiedad de sus casas.

Sin embargo, Ariza Salvatori reconoció que no se puede usar la fuerza pública para obligar a las personas a salir de sus hogares, pues se corre el riesgo de recibir notificaciones de violaciones a los derechos humanos e incluso habría denuncias por invadir una propiedad ajena.

Abordado en Palacio Municipal, comentó que únicamente en caso de emergencia será el desalojo de las familias, que contarán con el apoyo municipal a través de la instalación de hasta 19 albergues en diferentes partes de la ciudad, como escuelas o iglesias.