De aprobarse las leyes secundarias de la reforma energética, los inversionistas extranjeros podrán participar en toda la cadena de hidrocarburos.

Esto incluye la comercialización y distribución de gas LP y productos refinados y construcción de infraestructura para transporte de crudo.

Actualmente, en algunos casos, como el del gas LP, se permite la participación privada, pero sólo a mexicanos.

Los cambios se incluyen en la Ley de Inversión Extranjera presentada ayer en el paquete de 21 iniciativas que se entregó a senadores y diputados para su análisis y aprobación, según se informa en una nota del periódico Reforma.

En el documento, el Ejecutivo expone que el fomentar la participación en estos rubros potencializará los beneficios planteados por la reforma.

De igual forma, se permitiría la participación extranjera en la construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados, así como en la perforación de pozos petroleros y de gas.

Además, propone la derogación de la petroquímica básica como una actividad estratégica para el Estado, con lo que la apertura sería total y ya no limitada al 49 por ciento en sociedad con Pemex.

La Ley de Hidrocarburos, por otra parte, plantea que en 2017 las gasolineras ya no tengan que ser exclusivamente de Pemex y que en 2018 se liberalice la importación de este combustible y de gas LP.

Respecto a los precios de las gasolinas y el diesel para expendio al público, se establecerá un régimen fiscal y se tendrá un aumento controlado en el precio hasta que finalice 2014.

La iniciativa propone que, a partir de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2019, los precios de las gasolinas sean ajustados por Hacienda mensualmente conforme a la inflación esperada durante el año.

A 2020, la determinación de los precios se podrá liberalizar si hay condiciones de competencia efectiva; de lo contrario, el Ejecutivo dará los precios máximos de venta.

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, dijo que habrá una libre concurrencia y competencia entre empresas productivas del Estado y particulares en toda la cadena de actividades petroleras.

Proponen modificar régimen fiscal a Pemex y a la CFE

El gobierno federal propuso modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de fortalecer su capacidad financiera.

Al dar a conocer la propuesta de leyes secundarias de la Reforma Energética, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que se propone reducir la carga fiscal de Pemex de 75% a 65%, con el fin de permitirle tener una mayor rentabilidad y que la reinvierta.

Al reconocer los verdaderos costos de producción en la empresa petrolera se incentivará una mejor toma de decisiones respecto a los proyectos en los que se invierte, con una visión de mediano y largo plazos, precisó según otra nota del periódico El Universal.

“Al reconocer todos los costos de Pemex y reducir la carga tributaria, Pemex podrá tener utilidades que sean tres o cuatro veces superiores a las que tiene en la actualidad”, dijo Videgaray en el evento que se realizó en Palacio Nacional.

La transición hacia este nuevo régimen fiscal, comentó, se llevará a cabo en un periodo gradual de 10 años, con el fin de evitar algún daño a los ingresos petroleros y a las finanzas públicas.

Con las mayores utilidades que se obtengan, Pemex tomará decisiones sobre oportunidades de inversión, sobre reinvertir las utilidades o entregarlas por la vía de un dividendo al dueño de la empresa, que finalmente es el Estado.

“Por tanto, la legislación que se propone al Congreso establece la posibilidad de que exista un dividendo y se determine mediante una discusión explícita en el consejo de administración de Pemex y en el Congreso de la Unión”, afirmó.

Comentó que el régimen de Pemex aplicará para los contratos que establezcan con participantes privados, la cual deberá ser equiparable para que la petrolera no compita en desventaja.

De los contratos de utilidad compartida, de producción compartida o de licencia en este régimen, explicó que se establecerá una cuota contractual que garantiza al Estado recibir un flujo mínimo de ingresos, independientemente de la etapa de desarrollo y la rentabilidad de proyectos.

Se generarán incentivos a los operadores para minimizar los costos y para producir de manera sostenible, maximizando la renta petrolera, y el régimen para los nuevos contratos será progresivo para asegurar que el Estado se quede con la mayor proporción de recursos en los casos donde aumenten los precios de hidrocarburos o se descubran yacimientos de mayor rentabilidad.

Para la CFE se propone un trato de empresa pública del Estado donde pague el ISR que corresponda.