De acuerdo con una información publicada en el sitio web de la Gaceta Parlamentaria, dieciocho diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron el cese a la “persecución y encarcelamiento” de líderes sociales que se oponen a los megaproyectos de la administración estatal y plantearon la creación de una comisión especial para el caso en que, aseguran, se ha utilizado “arbitrariamente” a la Procuraduría general de Justicia (PGJ).

En el punto de acuerdo publicado este martes en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro, los legisladores demandan esclarecer la violación de derechos humanos que el gobierno del estado de Puebla habría cometido contra activistas, campesinos y académicos que se oponen los megaproyectos de explotación minera en la Sierra Norte, la construcción del Arco Poniente y la instalación del Gasoducto Morelos.

Asimismo, consideran que ha faltado claridad en los procesos abiertos contra los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, y aseguran que están presos por su oposición a los megaproyectos.

En el documento, de la autoría de la diputada perredista poblana Roxana Luna Porquillo, se pide que se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico, para establecer la viabilidad “social, cultural y ecológica” de estos megaproyectos que impulsa el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

En la exposición de motivos, el texto denuncia que en lugar de diálogo, el gobierno ha respondido con cárcel y hostigamiento contra “diversas organizaciones sociales defensoras del derecho a la vida, al trabajo, a la tierra, el agua y la naturaleza”, entre las que se encuentra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Puebla, Tlaxcala y Morelos y el Movimiento Nacional Los de Abajo”.

“El reclamo legítimo y la manifestación de las ideas en Puebla sufren el día de hoy una de las crisis más profundas y el riesgo es ser encarcelado. El gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas ha decidido hacer uso de las instituciones de procuración de justicia del estado, para perseguir y reprimir de forma sistemática y arbitraria a dirigentes y activistas sociales que se opongan a la construcción de obras y proyectos gubernamentales sin la oportunidad del diálogo y la conciliación”, afirma el texto.

El punto de acuerdo, cuya presentación anunció el domingo pasado la legisladora Luna Porquillo, también se refiere a otros conflictos, como la concesión de los sistemas municipales de agua; el conflicto laboral por la supresión del Hospital para el Niño Poblano, los mototaxistas y las recientes reformas a la ley de expropiación.

En específico sobre los megaproyectos en la Sierra Norte, Arco Poniente e Integral Morelos, los diputados perredistas acusan a la actual administración de no escuchar a los afectados y atropellar sus derechos de propiedad, autodeterminación, además de atentar contra la ecología y violentar tratados internacionales.

“En Puebla se pretenden realizar y terminar diversos megaproyectos que por sus especiales características requieren de una fuerte inversión y de la disponibilidad de terrenos que hoy se encuentran en propiedad de los pueblos campesinos.

“No obstante de ello, en ningún momento se ha realizado la apropiada consulta de las comunidades indígenas, no se ha presentado una mesa de diálogo con los inconformes y se ha soslayado el interés popular por el personal, ignorando la viabilidad social, cultural y ecológica, así como lo propiamente establecido en el convenio 169 de la (Organización Internacional del Trabajo) OIT”.

Con base en los argumentos anterior, el documento pide:

“Primero. Se solicita la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno del estado de Puebla contra activistas sociales y campesinos, así como miembros del sector académico y laboral de la entidad.

“Segundo. Se exhorta al ciudadano gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que instale mesas de diálogo en donde se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico, sobre la viabilidad social, cultural y ecológica de los megaproyectos que el gobierno a su cargo pretende realizar para la explotación minera en la Sierra Norte, la construcción de la autopista del arco poniente y la construcción del gasoducto del llamado Proyecto Integral Morelos.

“Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al ciudadano Procurador de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que cese la persecución y encarcelamiento arbitrario en contra de opositores de dichos proyectos y se transparenten los procesos seguidos en contra de los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.”

A continuación reproducimos el documento íntegro:

Con punto de acuerdo, para que se forme un grupo de legisladores que dé seguimiento a la presunta violación de los derechos humanos de activistas sociales y campesinos cometida por el gobierno de Puebla, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 1 y las fracciones I y II del numeral 2, todas del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el estado de Puebla diversos sectores sociales se han manifestado para reclamar su derecho a una vida digna y el pleno respeto a sus derechos fundamentales, ello debido a las afectaciones que activistas sociales, trabajadores, líderes campesinos y miembros de la comunidad académica han denunciado, mismas que van desde privación de la libertad personal, el nulo respeto por las condiciones laborales, la falta de diálogo ante el altísimo riesgo ambiental generado por megaproyectos del gobierno y las preocupantes políticas emprendidas en torno al recurso del agua. De todas ellas ha quedado constancia en actos públicos y mediáticos que ameritan la atención, el estudio y en su caso, el restablecimiento de los derechos reclamados.

México es un país que se ha esforzado por contar con mecanismos legales que garanticen el pleno respeto a los derechos fundamentales de toda persona, muestra palpable de ello es la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, así como la suscripción y ratificación de tratados internacionales de gran importancia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que el Estado Mexicano se adhirió el 24 de marzo de 1981, por lo que resulta obligatoria la investigación sobre cualquier acto u omisión que emane de autoridad que haya sido objeto de denuncia y ponga en peligro de manera generalizada y permanente a la población.

El reclamo legítimo y la manifestación de las ideas en Puebla, sufren al día de hoy una de las crisis más profundas y el riesgo es ser encarcelado. El gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas ha decidido hacer uso de las instituciones de procuración de justicia del estado, para perseguir y reprimir de forma sistemática y arbitraria a dirigentes y activistas sociales que se opongan a la construcción de obras y proyectos gubernamentales sin la oportunidad del diálogo y la conciliación.

Segunda. Parte del descontento social en Puebla, se ha derivado de diversas políticas empleadas por el gobierno actual y culminadas en decretos y leyes que cuentan con el visto bueno del congreso estatal; ejemplo de ello es el decreto aprobado el 12 de septiembre de 2013 por el congreso del estado que concesiona a empresas privadas la operación de los 25 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), y que hasta antes de la entrada en vigor del mismo, eran manejados por los ayuntamientos, entre los que se encuentran los municipios más poblados de la entidad: Puebla, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros; creando incertidumbre, toda vez que se faculta a las empresas a establecer tarifas por el suministro del vital líquido y hasta la posibilidad de ejecutar embargos contra deudores.

Aunado a lo anterior, el 12 de marzo de 2014, el gobernador tomó la decisión de enviar al Congreso del Estado otro decreto que suprime de forma irresponsable al “Hospital del Niño Poblano”, integrándolo a los servicios de salud del estado y dejando a cientos de personas desempleadas, a su suerte, y sin las consideraciones de reubicación que debieran tomarse. Se trata de más de 800 trabajadores, de los cuales 637 están sindicalizados, y que según el propio decreto aprobado en dos horas, se quedan sin trabajo. Los efectos de tal decisión no quedaron ahí, el 7 de abril pasado, tres ex trabajadoras del ya extinto hospital se crucificaron frente al congreso del estado ante la evidente desesperación de quedar en desempleo.

Es de mencionarse también que el anterior mes de marzo, el Congreso local aprobó también una reforma a la ley de expropiación del Estado de Puebla con la que se faculta a las autoridades a tomar posesión inmediata sobre inmuebles y predios privados alegando “casos de urgencia y el interés superior de utilidad pública”. Lo anterior abona al descontento al permitir que las autoridades, sin justificación mayor y sin ninguna garantía de audiencia previa a la expropiación, desprendan a los poblanos de sus inmuebles, es decir, es ahora “legal” despojar familias completas de sus propiedades si es que representan un obstáculo para emprender proyectos de infraestructura pública del gobierno. Con ello se ignoran las formalidades esenciales de cualquier procedimiento consagradas en la Constitución Federal al inventarse un método exprés de expropiación, sin darle garantías de audiencia a la población y dejándolos en estado de indefensión.

Tercera. En Puebla se pretenden realizar y terminar diversos megaproyectos que por sus especiales características requieren de una fuerte inversión y de la disponibilidad de terrenos que hoy se encuentran en propiedad de los pueblos campesinos. No obstante de ello, en ningún momento se ha realizado la apropiada consulta de las comunidades indígenas, no se ha presentado una mesa de diálogo con los inconformes y se ha soslayado el interés popular por el personal, ignorando la viabilidad social, cultural y ecológica, así como lo propiamente establecido en el convenio 169 de la OIT.

Estos proyectos buscan desplazar la vida agrícola de los pueblos originarios de la región mediante el cambio del uso del suelo, y del Banco Estatal de la Tierra, que creó el gobernador para controlar la compra de las tierras, ante tal situación nos preguntamos: ¿Qué va pasar con los campesinos y dónde están incluidos en los proyectos?

Dicha situación se refleja en las ya 90 concesiones mineras otorgadas y 8 hidroeléctricas en la Sierra Norte y la Mixteca Poblana que ponen en grave riesgo las condiciones ambientales de la región, pues necesitarían alrededor de 50 millones de litros de agua, aunado a las grandes cantidades de mercurio y cianuro que se utilizan para la extracción de oro y que representan un irreversible daño ambiental.

Situación similar se vive ante la construcción de la autopista del Arco Poniente y la construcción del gasoducto con el llamado Proyecto Morelos que pasará a tan sólo siete kilómetros del Parque Nacional Xicoténcatl, a 14 kilómetros del Parque Nacional La Malinche y a 27 kilómetros del Corredor Biológico Chichinautzin y que consiste de dos termoeléctricas de ciclo combinado para generación eléctrica, un acueducto de 10 kilómetros que cruzará por distintas comunidades del municipio de Cuautla, Morelos y que se alimentará del río Cuautla, un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría más de 60 comunidades de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala; y Una línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec.

Situación especial merece la indicación que este gasoducto, pasará también a sólo 31 kilómetros del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl, que es una zona de significante riesgo eruptivo y que según algunos estudios de la UNAM del área de Geofísica y del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la BUAP, alertan de la existencia de riesgos de erupción, tras lo cual, las piedras incandescentes o el derrame de lava tocarían los ductos, provocando una catástrofe.

Ante esta situación, diversas organizaciones sociales defensoras del derecho a la vida, al trabajo, a la tierra, el agua y la naturaleza, entre las que se encuentra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en Puebla, Tlaxcala y Morelos y el Movimiento Nacional Los de Abajo, acordaron emprender la más elemental de las acciones del ser humano y exigir su derecho a vivir en paz y con dignidad, así como una legítima defensa por sus derechos fundamentales en ejercicio de la libre manifestación de las ideas, situación que fue reprimida el día 6 de abril de 2014 cuando a las 12 horas, fue detenida por policías estatales de Puebla, la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, quien se oponía a la construcción del Proyecto Integral Morelos, acto que se perpetró sin exhibir orden de aprehensión y en flagrante violación al debido proceso, para después ser trasladada al CERESO de Atlixco, con número de expediente 121/2014, en donde se le dictó auto de formal prisión por los cargos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública.

Un día después, el 7 de abril de 2014, fue detenido de forma ilegal Juan Carlos Flores Solís, al terminar de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla que denunciaba violaciones a los derechos humanos contra la activista Enedina Rosas Vélez. El modus operandi resultó el mismo, la violación al debido proceso fue evidente al realizarse otra detención arbitraria pues fue interceptado por 4 vehículos blancos sin placas ni logotipos que identificaran la supuesta autoridad, y con uso de fuerza fue subido a un auto y trasladado a un lugar que para entonces era desconocido. A Juan Carlos Flores Solís se le dictó auto de formal prisión por los delitos de motín, despojo, ataque contra la infraestructura hidráulica y extorsión.

Al día siguiente, 8 de abril, el dirigente del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero Calderón, opositor a la construcción del Arco Poniente, fue detenido arbitrariamente alrededor de las 5 de la tarde en el municipio de San Martín, Texmelucan, después de acudir a una reunión de trabajo con ejidatarios, en donde personas vestidas de civil, sin orden de aprehensión lo sometieron, quedando en calidad de desaparecido por más de 6 horas; para posteriormente ser trasladado al CERESO de Atlixco. A Abraham Cordero Calderón se le dictó auto de formal prisión por los delitos de privación de la libertad, amenazas e ilícitos contra funcionarios públicos y se le negó la posibilidad de caución por considerársele una persona peligrosa en contravención al principio de presunción de inocencia.

No obstante de lo anterior, El once de abril amagaron con armas de fuego e intimidaron a la familia del Dr. en Sociología Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exigiéndole que dejara de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto.

El día de 12 abril el líder sindical del SUETHAPIP Israel Pacheco Velázquez fue detenido bajo el argumento de extorsión, se encuentra recluido en el Cereso de Cholula, lo cual representa el control sindical desde el gobierno del estado.

Las amenazas continúan como en el caso de Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero Calderón, quien denunció llamadas telefónicas amenazantes.

El gobierno ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos quienes carecen de información de los proyectos, solicitan ser consultados y tomados en cuenta, sin que sus tierras y aguas sean expropiadas ni contaminadas, además, el gobernador ha creado un clima de miedo, las demandas de grupos de mototaxistas que exigen respeto a su derecho laboral ha sido ignorado para dar lugar a enfrentamientos directos y violentos en los municipios de Coronango Xoxtla, Acatzingo y Nealtican.

Se han girado órdenes de aprehensión contra los ciudadanos: Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomás Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia; sigue vigente la amenaza de expedir otras contra 150 personas, que no tienen nombre aún y puede activar en cualquier momento ya que se encuentran en la lista negra que se menciona dentro de la averiguación AP 430/2013/DMZS/Atlix, esto confirmado por el mismo secretario de gobierno ciudadano Luis Maldonado.

En Puebla es necesario informar, consultar, tomar en cuenta a las comunidades y frenar inmediatamente la persecución y represión de activistas sociales, trabajadores, campesinos y miembros académicos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno del estado de Puebla contra activistas sociales y campesinos, así como miembros del sector académico y laboral de la entidad.

Segundo. Se exhorta al ciudadano gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que instale mesas de diálogo en donde se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico, sobre la viabilidad social, cultural y ecológica de los megaproyectos que el gobierno a su cargo pretende realizar para la explotación minera en la Sierra Norte, la construcción de la autopista del arco poniente y la construcción del gasoducto del llamado Proyecto Integral Morelos.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al ciudadano Procurador de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que cese la persecución y encarcelamiento arbitrario en contra de opositores de dichos proyectos y se transparenten los procesos seguidos en contra de los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2014.

Diputados: Roxana Luna Porquillo, Alliet Mariana Bautista Bravo, Ángel Cedillo Hernández, Armando Contreras Ceballos, Carol Antonio Altamirano, Graciela Saldaña Fraire, Joaquina Navarrete Contreras, Josefina Salinas Pérez, Juan Manuel Fócil Pérez, Juana Bonilla Jaime, Marcelo Garza Ruvalcaba, Mario Alejandro Cuevas Mena, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Saraí Larissa León Montero, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Manuel Bautista López, Víctor Manuel Manríquez González, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas)