La Fracción del PRI en el Congreso del Estado de Puebla, exigió al Ejecutivo del Estado incrementar de manera importante el presupuesto para seguridad pública, debido a que la cifra del INEGI revela que los delitos del fuero común se incrementaron en un 25 por ciento solamente entre los años del 2010 y 2012, generando pérdidas superiores a los 9 mil 488 millones de pesos.

En Puebla se cometen 10.6 delitos por hora, provocando que casi 4 millones de poblanos se sientan inseguros, como lo reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013. Es decir, seis de cada diez poblanos tienen miedo de ser víctima de algún delito.

Al intervenir durante las comparecencias de los Secretarios General de Gobierno, Seguridad Pública, Contraloría (encargada del despacho) y Procurador de Justicia, el coordinador de la Fracción priista Víctor Manuel Giorgana Jiménez, lamentó que en Puebla tres de cada 10 empresas hayan sido víctimas de algún delito, tan sólo en el 2012, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de ese año.

En tanto, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, dijo que Puebla es el Estado en el país que menos dinero invierte en administración y procuración de justicia y a cambio, el presupuesto es 13 veces menor que lo destinado a obras de infraestructura suntuaria con criterios regresivos, beneficiando a la población con mayores recursos.

Este enfoque de destinar el mínimo de recursos, contrasta con lo asignado por otras entidades del país para administración y procuración de justicia.

Por ejemplo, en Guanajuato el presupuesto para la Procuraduría de Justicia es tres veces mayor que el de Puebla con una población semejante. En Nuevo León el total asignado es más de tres veces y en Chiapas, es casi dos veces mayor con una población menor.

Es decir, de cada 100 pesos que se gastaron, solamente 8 centavos se invirtieron la para investigación y prevención del delito. Si a eso le agregamos el presupuesto otorgado al Poder Judicial, da como resultado que Puebla sea el Estado a nivel nacional que menos invierte en administración y procuración de justicia, insistió el legislador.