Ante la discusión que ha comenzado en días recientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la aplicación de la figura del arraigo, las organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual instaron a los Ministros a incorporar los estándares internacionales en la materia y dar cumplimiento a las diversas recomendaciones que más de nueve mecanismos internacionales de derechos humanos han emitido a México.

De acuerdo con Amnistía Internacional, desde 2002, antes de que el arraigo fuera elevado a rango constitucional, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias concluyó que el arraigo representaba una forma de detención arbitraria debido a la insuficiencia de recursos judiciales.

Desde que en 2008 se incorporó el arraigo en la Constitución, diversos mecanismos internacionales han recomendado a México su eliminación. En 2010 el Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresó su gran preocupación sobre la utilización del arraigo en la lucha contra el crimen organizado en el que una persona puede ser detenida sin cargos durante un máximo de 80 días y sin las garantías jurídicas prescritas por los tratados internacionales. Asimismo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, tras haber visitado el Centro Nacional de Arraigo condenó la figura pues encontró que cerca del 50% de las personas detenidas bajo arraigo presentaban señas de tortura.

Más recientemente, en 2012, el Comité Contra la Tortura reiteró su preocupación expresada ya desde 2007 sobre la aplicación del arraigo, e instó decididamente a México a que “elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.

Otros mecanismos que se han pronunciado en este mismo sentido son la Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que, en el marco de la segunda evaluación de México ante el Examen Periódico Universal, nuevamente se recomendó la eliminación del arraigo del ordenamiento jurídico nacional.

Según la organización internacional, el arraigo constituye, en sí misma, una figura que contraviene a los principios de justicia de un sistema democrático que consiste en  “detener para investigar”, y que a la vez viola diversos derechos humanos. La SCJN debe hacer valer el reciente reconocimiento que recibió por parte las Naciones Unidas por su labor en la protección de los derechos humanos en el país y eliminar la posibilidad de que esta figura se aplique en el país.

Por lo anterior, las organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la inconstitucionalidad de la aplicación de la figura del arraigo a nivel local y la inconvencionalidad de la aplicación a nivel federal.