Por adjudicación directa, la Procuraduría General de Justicia de Puebla contrató los servicios de la empresa Oral Implementa S.C. para realizar tareas relacionadas con la Reforma al Sistema de Justicia Penal en la entidad, sin embargo el socio mayor de ésta se desempeñaba como funcionario del Consejo de la Judicatura Federal, lo que impedía la operación al ser pagado con recursos federales.

Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dentro de la auditoría 12-A-21000-12-0401 relacionada con la “Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Puebla”, en la cual se aprobó "con salvedad" el gasto de 17 millones 152 mil 700 pesos –transferidos por la administración federal- que hizo el gobierno del estado de Puebla en 2012 en este rubro.

De acuerdo con la ASF, la empresa  Oral Implementa recibió dos contratos por adjudicación directa por un total de 8.6 millones de pesos para los proyectos denominados “Ejecución del Plan de Reorganización de Estructuras y Procesos Sustantivos de los Operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal” y la “Automatización del Proceso de Gestión del Sistema Penal”.

Sin embargo el socio mayoritario, Germán Adolfo Castillo Banuet, fue secretario técnico en la ponencia de un consejero en el Consejo de la Judicatura Federal al momento de la celebración de los contratos, y cuando se realizó la auditoría ya era Director General de Estudios y Proyectos Normativos en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal.

La ASF indicó que esta persona debió notificar su calidad de servidor público, a fin de que se definiera si era apto para ser contratado, según lo señala el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Aunque la Secretaría General de Gobierno de Puebla argumentó en septiembre de 2013 que a esta persona no era aplicable esta ley, por formar parte del Poder Judicial y no del Ejecutivo Federal, la ASF indicó que la legislación no hace esa distinción, por lo que el señalamiento subsistía.

De este modo, la Auditoría notificó el caso a la Secretaría de Gobernación federal y a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que finquen responsabilidades a quien corresponda. En tanto pidió a la PGJ de Puebla que informara a la Secretaría de la Función Pública sobre la contratación de la empresa Oral Implementa, en la que era asociado un servidor público.

Dictamen son “salvedad”

Además de esta observación, la ASF determinó recuperaciones por 135 mil pesos, de los cuales 58 mil 900 fueron reintegrados por concepto de intereses generados en la cuenta donde se depositaron los recursos del programa y 76 mil 800 pesos corresponden a recuperaciones probables, por la renta de un salón privado que no estaba autorizado para la impartición de un curso.

Por ello, la ASF emitió ocho observaciones, de las cuales dos fueron solventadas antes de la integración del informe. Las seis restantes generaron tres recomendaciones y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.