La administración estatal no operó de manera adecuada los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) durante el 2012, pues convino con los municipios del estado la entrega del 2% de ese rubro, recursos que sumaron un monto de 41.7 millones de pesos, según lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por lo anterior, la ASF emitió en sentido negativo el dictamen sobre la revisión de los recursos mencionados, y determinó recuperaciones probables por el monto mencionado, además de establecer un pliego de observaciones por un posible daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 42 millones 131 mil pesos.

Así lo establece el dictamen de la cuenta pública 2012 que este jueves el ente fiscalizador hizo público en su página en internet y que puede consultarse dando clic aquí

Se indica que los convenios celebrados con recursos del FISM para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Institucional transgrede y afecta el principio de libre administración pública hacendaria municipal, pues el destino y la regulación de tales recursos son competencia exclusiva de la Federación.

El informe explica que el 15 de abril de 2011 el gobierno estatal firmó un convenio marco de colaboración con los 217 municipios de la entidad de la administración 2011-2014, en el que se consignó que éstos destinarían hasta el 2.0 por ciento del monto de FISM que, de acuerdo con la Ley, pueden destinar las comunas para el Desarrollo Institucional, para la ejecución de programas que la administración estatal establecería.

Un total de 168 municipios entregaron los recursos comprometidos, lo que en suma generó una cantidad de 41 millones 754 mil pesos, posteriormente, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos mencionados, la cual generó intereses por 377 millones de pesos; sin embargo, ésta no fue específica para la recepción de dicho monto, dado que se identificó un importe de mil 118 millones de pesos ajenos al programa.

Aunado a lo anterior, se comprobó que el municipio General Felipe Ángeles, Puebla, aportó un importe mayor al que convino entregar por 54 millones de pesos, sin que el gobierno del estado reintegrara el excedente recibido.

Asimismo, se comprobó que los recursos que recibió la administración estatal, los registró como propios; y se detectó una diferencia en el registro de éstos, de acuerdo a lo realmente recaudado al 31 de diciembre de 2012, por 2 mil 385.8 pesos.

De esta manera, la ASF generó un pliego de observación en el que presumió un daño a la Hacienda Federal por un monto de 42 millones 131 mil pesos, más los intereses generados por la recepción de los recursos, y emitió una recomendación para que en lo subsecuente el gobierno del estado no efectué ese tipo de convenios.