México. D.F. La falsificación de documentos oficiales tiene como principal sustento la corrupción, y lo mismo se encuentran en el sector privado que en el público, advirtió el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, quien indicó que el estado de Puebla es una de las entidades del país en donde mayor documentación apócrifa circula.

El legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que lo mismo se falsifican actas de nacimiento, pasaportes, credenciales del IFE, hasta títulos profesionales, supuestamente expedidos por la dependencia oficial correspondiente.

Aunque advirtió que la falsificación es un delito, también reconoció que esta práctica ilegal es una de las actividades más comunes en nuestro país, en donde lo mismo se elaboran documentos apócrifos que artículos de todo tipo.

Destacó que tan sólo en los últimos diez años la Secretaría de Educación Pública federal ha detectado 3 mil 147 cédulas y mil 914 certificados de bachillerato falsificados. Y el mayor mercado de documentación apócrifa es la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se ubica precisamente frete a dicha dependencia del gobierno federal.

“En ese lugar, 6 mil pesos bastan para que cualquier persona pueda obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta la credencial para votar por 2 mil pesos, igual que el pasaporte”, dijo y aseguró Puebla, Michoacán, Distrito Federal, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo y Estado de México, son las entidades el país en donde mayor cantidad de documentos falsos circulan.

Por ello, el diputado Ricardo Mejía resaltó la necesidad de combatir eficazmente este delito, tarea que necesariamente pasa por evitar la impunidad y sancionar a los llamados coyotes; personas que a cambio de elevadas sumas de dinero asesoran a potenciales clientes para que éstos obtengan la falsificación de cualquier documento.

En ese sentido, propuso reformar el artículo 243 del Código Penal Federal, a fin de castigar con prisión de cinco a quince años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa, la falsificación de documentos públicos.

Mientras que para la falsificación de documentos privados planteó castigar este delito con prisión de un año a cinco años, y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa.