La presidenta municipal Dolores Parra Jiménez ordenó una investigación acerca de una cobranza jurídica derivada de un adeudo de pasadas administraciones, por la que se reclama un monto de millón 300 mil pesos por concepto de “prestación de servicios”.

La demanda interpuesta por Efraín Erick Contreras, representante legal de Contreras Bonilla Rangel Mijangos, Abogados y Auditores, S. A. de C. V., fue notificada el 3 de junio de 2013 y causó sentencia en octubre pasado.

A partir de tales antecedentes, la indagatoria ordenada por la alcaldesa consiste en determinar la naturaleza de presuntos “errores” al interior del Ayuntamiento, que “complementados” con intereses externos, bloquearon la actuación procesal a que el gobierno municipal tenía derecho, para actuar en tiempo y forma, y en su legítima defensa.

Parra Jiménez subrayó el extrañamiento de que justo en el cierre de su gestión se hace público el hecho filtrado a un medio de comunicación.

La presidenta municipal precisó que la indagatoria será para determinar si dentro y fuera del Ayuntamiento operó algún modo de contubernio para obtener ventajas ilegítimas, y causarle un daño patrimonial al gobierno municipal.