Durante el 2013, el gobernador, Rafael Moreno Valle envió al Congreso un total de 38 iniciativas, de las cuales 37 fueron aprobadas, 33 de ellas por unanimidad y las cuatro restantes por mayoría de votos.

Lo anterior se encuentra en el Eje 4, Política interna, seguridad y justicia, del tercer informe de gobierno, documento en el que se establece que de los 37 proyectos, sólo uno se encuentra en trámite, el cual es referente a la solicitud para que los ediles electos tuvieran la posibilidad de contratar “financiamientos o empréstitos” hasta por 3 mil millones de pesos.

De acuerdo con el documento que el mandatario entregó el 15 de enero pasado a la LIX Legislatura, señala que los cambios sugeridos por el gobierno del estado tuvieron como fin: Innovar y hacer eficiente y eficaz a la administración Pública; continuar con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria, Oral y Adversarial; y promover al estado en el ámbito internacional como un medio para lograr inversiones que redunden en crecimiento y desarrollo.

De las 37 iniciativas, la administración estatal enlista las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer las disposiciones para crear a la “policía procesal”, la cual tiene como fin formar a personal especializado para brindar la seguridad en las salas en las que se desarrollen los juicios orales.

En el tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) también se hace referencia a la solicitud del Ejecutivo para “diferir” el inicio de éste en las regiones judiciales Norte (Huauchinango) y Sur (Izúcar de Matamoros) para este año.

También se hace referencia a la aprobación de la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas, ordenamiento que tiene como fin que los municipios “autoricen y regulen” a los establecimientos que comercializan este tipo de productos.

Otro de los logros legislativos que se encuentra en el Tercer Informe es la reforma al artículo 201 del Código Electoral del Estado para que los partidos políticos den el 50 por ciento de candidaturas a mujeres para diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional.

La Ley de Resocialización de los Infractores Normativos, es otra de las reformas que se mencionan en el documento. El ordenamiento tiene como fin conmutar las penas de prisión por trabajo comunitario, en aquellos casos en los que los presos son “primodelicuentes” y el delito cometido no afecte a la sociedad.

En cuanto a líneas de crédito, se reporta la contratación del financiamiento por 300 millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para atender los municipios afectados en septiembre por los fenómenos climáticos Ingrid y Manuel.

Sin mención la concesión del Soapap, PPS, MIB e incremento del ISN

Aunque en el Tercer Informe se destacan los “beneficios e innovaciones” de la Ley de Ingresos 2014, por medio de la tasa cero del Impuesto Sobre el Servicio de Hospedaje, no se hace referencia al incremento del 2 al 3 por ciento en el cobro del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como ISN.

Tampoco se reporta la aprobación de la concesión de los 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado (Sosapas), ni de la contratación que 17 municipios harán para la renovación del alumbrado público a través del esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Otra de las iniciativas que tampoco aparecen en el Eje 4, es la aprobación de la iniciativa para la construcción del Museo Internación Barroco  (MIB), el cual tendrá un costo de mil 390 millones de pesos, de los cuales se contempla la contratación de 650 millones de pesos bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) a pagar a 20 años.