Mientras 632 indagatorias fueron determinadas para su archivo y expediente del funcionario público acusado, según datos que arroja el desglose del Tercer Informe de Labores del gobernador Rafael Moreno Valle.

Durante el año pasado, a consecuencia de las más de mil denuncias ciudadanas, el gobierno estatal implementó 17 operativos para detener en flagrancia a servidores públicos, de los cuales 14 fueron consignados ante la autoridad judicial.

Más de la mitad de las denuncias por corrupción son contra policías

Las fuerzas policiales concentran el 52 por ciento de las denuncias por corrupción, por lo que en el año previo 543 averiguaciones previas fueron en contra de elementos de la policía Estatal, Ministerial, Auxiliar y Municipal.

De este universo, fueron consignadas 17 mujeres y 108 hombres por diversos delitos. Derivado de las denuncias, se llevó a cabo un arraigo y dos cateos, uno a casa habitación y otro a un negocio, para reunir el mayor número de evidencias o indicios en la comisión del delito.

El reporte detalla que la Secretaría de la Contraloría realizó 284 visitas de supervisión y 211 de inspección interna a diversas agencias del Ministerio Público y Comandancias de la Policía Ministerial, lo que derivó en  el inicio de 377 expedientes de responsabilidad administrativa contra funcionarios ministeriales.

Se evaluaron a mil 786 personas que laboran en procuración de justicia

Durante el año previo, el gobierno estatal realizó mil 786 evaluaciones al personal encargado de la procuración de justicia, de éstas 443 fueron a aspirantes a ocupar una plaza; 316 de personal de nuevo ingreso; 562 servidores en activo para permanencia en la institución y 465 servidores por promoción para cubrir un cargo o plaza de mayor jerarquía.

Aunque el reporte no señala los resultados de las evaluaciones, destaca que éstas sirven para inhibir la corrupción, la impunidad y la penetración de la delincuencia.

Según el reporte, la actual administración "se ha distinguido por su firmeza y determinación para combatir la corrupción de funcionarios públicos, buscando la confianza ciudadana y garantizando la protección jurídica frente a quienes han abusado de su poder".