Tras la liberación de José  Alfredo Arango García, la Comisión Inspectora del Congreso ha guardado silencio sobre el avance del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad (IPADR) que el julio del año pasado aprobó el pleno de la LVIII Legislatura en contra del extitular de la Secretaría de Salud, a quien se le detectaron anomalías por 8 mil millones 464 mil 383 pesos correspondientes a su cuenta pública 2010.

El sábado, el  exfuncionario marinista obtuvo su libertad caucional al pagar una multa de 1.5 millones de pesos y conmutar la pena de cuatro años de prisión que ordenó el juez octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones.

El 12 de enero de 2012, José Alfredo Arango García ingresó al Cereso al ser acusado por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 54 millones de pesos.

Para conocer el estatus del procedimiento que en julio de 2012, el Congreso aprobó contra el exsecretario de Salud, e-consulta ha buscado en reiteradas ocasiones al diputado Jesús Zaldívar Benavides, presidente de la Comisión Inspectora, sin embargo que éste responda las llamadas.

Aunque el procedimiento que la LVIII Legislatura aprobó en contra Arango García daba la oportunidad al ex funcionario marinista de responder por las 225 observaciones hechas a su cuenta pública 2010, la Comisión Inspectora ha guardado silencio sobre cómo fueron solventadas.

Incluso, dichoa Comisión legislativa y la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de David Villanueva Lomelí, no han dictaminado la última cuenta pública de Arango García correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2011.

El Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad (IPADR), que se validó en el pleno del Congreso fue un daño patrimonial por 6 mil 658 millones 657 mil pesos y una deficiencia administrativa por 1 mil millones 805 pesos.

De las anomalías que el exfuncionario no solventó destacan una por 1 mil 585 millones de pesos por bienes patrimoniales no inventariados; otra por 18.6 millones de pesos por equipo médico y de laboratorio adquirido con precios inflados a los proveedores Villa Castel Industrial, Grupo Marbot y Suministradora Silicius; y una más por 118 millones por falta de documentación comprobatoria de obras de mantenimiento y conservación de inmuebles, licitaciones amañadas o adjudicaciones fuera de norma.

En cuanto al daño patrimonial, se detectó el pago de 33 millones de pesos a favor de Farmacias El Fénix, sin que existieran facturas comprobatorias; 37 millones de pesos por gastos sin confirmar en servicios de lavandería, higiene y fumigación; 8 millones de pesos por compra de equipo médico y de laboratorio; además de 119 millones de pesos en gastos correspondientes al programa del Seguro Popular por mantenimiento y conservación de inmuebles.

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