Gerardo Castañeda Benítez, quien fue asesinado ayer por la madrugada en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, era uno de los principales líderes de los paracaidistas que fueron desalojados de San Salvador Tepexco, por lo que se presume que el homicidio está relacionado con estos hechos.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, Castañeda Benítez ya había sido amenazado de muerte e incluso en alguna ocasión, tanto a él como a los invasores, los fueron a amedrentar a balazos debido a las disputas del predio de 10 hectáreas.

Una de las hipótesis que se siguen por este crimen es que se trató de una venganza por parte de las personas que reclaman la propiedad del terreno; sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación.

El asesinato

El miércoles por la madrugada, el joven fue ultimado a balazos en la calle 11 de Enero, frente al lote número 1 de la colonia Barranca Honda, perteneciente a la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Gerardo se dirigía a su vivienda, pero antes de llegar fue atacado por sujetos desconocidos que se dieron a la fuga.

El agente del Ministerio Público de Homicidios inició la averiguación previa 106/2013/AEHOM.

El antecedente del desalojo

El desalojo de los invasores se llevó a cabo el pasado 14 de abril, mediante un operativo en el que participaron unos mil 500 policías estatales de Puebla, entre ellos bomberos, así como unos 600 uniformados de Tlaxcala y personal de Protección Civil.

Aproximadamente 500 chozas, construidas con madera, lonas y en algunos casos con blocks, fueron derruidas por maquinaria pesada.

Con el permiso de las autoridades, los habitantes pudieron sacar sus pertenencias y después de ello algunos incendiaron sus viviendas, aunque la mayoría de ellos no vivían en ese lugar, sólo iban a hacer guardias para mantener invadido el terreno.

A raíz de esto surgieron conflictos entre los paracaidistas y los presuntos propietarios del inmueble, aunque anteriormente también ya había antecedentes de violencia por la misma disputa, según notas periodísticas.

La Secretaría de Seguridad Pública argumentó que esta intervención fue una orden girada por el Juez Penal de Cholula dentro del proceso penal 500/2012.