El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, manifestó su preocupación por la actuación del gobierno de Guerrero,  porque, dijo, actúa utiliza una doble cara en lo referente  a las policías comunitarias.

Al presentar un informe sobre el tema, el ombudsman detalló que por una parte las autoridades estatales financian a estos grupos y por otra, encarcelan a sus integrantes.

Lamentó que en la entidad exista un vacío de poder y la violencia no se pueda contener.

El titular de la CNDH señaló,  que de enero a junio del presente año, el gobierno estatal dio 11 millones 615 mil 914 pesos a los grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Al tiempo que dio credenciales, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras.

Además de que ha financiado directamente a localidades como  San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso.

"Se observa con preocupación la postura del Gobierno del Estado de Guerrero, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento, pero más recientemente se han realizado hechos, como la detención de integrantes de estos grupos, sin que hasta el momento se adviertan acciones, a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento", sentenció.

Agregó que las acciones de las autoridades aparentan un uso sesgado de la justicia, a fin de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas como en el caso  de la detención  de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.

Plascencia detalló que la  CRAC tiene presencia en 15 municipios de Guerrero; la UPOEG, en 21; la Unión de Pueblos de la Costa Grande, en 4; la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Policía Ciudadana y Popular, en 3; la Policía Ciudadana de Olinalá, en uno; el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, en uno, y otros grupos no identificados operan en  11 comunidades.

Ante esta situación, el ombudsman realizó una serie de recomendaciones al  Senado, Gobierno y Congreso estatales, así como a sus ayuntamientos, entre las que están recobrar de inmediato la seguridad pública, garantizar la paz y el orden público, implementado acciones de  prevención del delito y de combate a la impunidad.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, manifestó su preocupación por la actuación del gobierno de Guerrero,  porque, dijo, actúa utiliza una doble cara en lo referente  a las policías comunitarias.

Al presenta informe sobre el tema, el ombudsman detalló que por una parte las autoridades estatales financian a estos grupos y por otra, encarcelan a sus integrantes.

Lamentó que en la entidad exista un vacío de poder y la violencia no se pueda contener.

El titular de la CNDH señaló,  que de enero a junio del presente año, el gobierno estatal dio 11 millones 615 mil 914 pesos a los grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Al tiempo que dio credenciales, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras.

Además de que ha financiado directamente a localidades como  San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso.

"Se observa con preocupación la postura del Gobierno del Estado de Guerrero, que en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento, pero más recientemente se han realizado hechos, como la detención de integrantes de estos grupos, sin que hasta el momento se adviertan acciones, a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento", sentenció.

Agregó que las acciones de las autoridades aparentan un uso sesgado de la justicia, a fin de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas como en el caso  de la detención  de la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.

Plascencia detalló que la  CRAC tiene presencia en 15 municipios de Guerrero; la UPOEG, en 21; la Unión de Pueblos de la Costa Grande, en 4; la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Policía Ciudadana y Popular, en 3; la Policía Ciudadana de Olinalá, en uno; el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, en uno, y otros grupos no identificados operan en  11 comunidades.

Ante esta situación, el ombudsman realizó una serie de recomendaciones al  Senado, Gobierno y Congreso estatales, así como a sus ayuntamientos, entre las que se encuentran: recobrar de inmediato la seguridad pública, garantizar la paz y el orden público, implementado acciones de  prevención del delito y de combate a la impunidad.