Después de 40 años de existencia y de transitar por una concesión fallida, el Rastro del municipio de Puebla obtuvo la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) para la línea de porcinos, mientras que para la de bovinos consiguió un financiamiento por 18.8 millones de pesos a fin de lograr la misma calificación.

El anuncio de la declaratoria ameritó la realización de una comida que los trabajadores del organismo ofrecieron a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien en respuesta, los deleitó con la interpretación con mariachi de la canción típica de José Alfredo Jiménez, denominada como “El Rey”.

Con tintes de despedida, el festín convocó a empleados de diversas dependencias del gobierno municipal –de extracción panista– como las secretarías General, de Gestión Urbana y Obras Públicas (Sguop), así como de la Oficina de Presidencia.

Costó 40 millones la certificación TIF

Durante el acto, el presidente municipal informó que el proceso de certificación TIF, que con el número 591 les otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), generó una inversión de 40 millones de pesos.

Presumió que su administración fue la única capaz de lograr la calificación mencionada, pues aunque anteriores gobiernos trabajaron en ello, fallaron en el intento.

Con la certificación del Rastro Municipal, que tiene capacidad para sacrificar diariamente hasta dos mil cerdos, los introductores podrán comercializar sus productos con cadenas de supermercados, lo que amplía el panorama comercial para el matadero, además de que ayudará a combatir el clandestinaje en la venta de carnes.

Asimismo se garantiza a los poblanos el consumo de carne “inocua” y por ende, la disminución de enfermedades provocadas por la ingesta de productos de origen porcino o bovino, aseguró Rivera Pérez.

46.9 millones perdidos en la concesión del Rastro

Es oportuno recordar que fue en el 2012 cuando el síndico del actual gobierno municipal Ernesto Bojalil Andrade, logró la revocación de la concesión que durante la administración del ex edil Enrique Doger Guerrero, se otorgó a la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente (ITO) para lograr la certificación TIF del matadero.

La revocación de la concesión obligaba a ITO liquidar al ayuntamiento un monto por 46.9 millones de pesos, sin embargo la firma se declaró “insolvente” e incumplió con el pago de la indemnización.

En su momento, Bojalil Andrade refirió que ITO demostró desde el inicio de la concesión que recibió, carecer de solvencia financiera para cumplir con el proyecto, situación que en sí fue uno de los “vicios de origen” del contrato que se le entregó.

La concesión a ITO se otorgó por un periodo de 20 años, el 13 de diciembre de 2006, en la víspera de la terminación del trienio de Enrique Doger Guerrero, posteriormente fue formalizada en el 27 de julio del 2013, durante el primer año de gobierno de la entonces presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz.

En junio de 2010, la administración de Alcalá inició los trámites necesarios para finiquitar el contrato con ITO, ante la incapacidad de ésta para obtener la certificación TIF del Rastro Municipal.