La Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) acató un amparo emitido por magistrados federales y ordenó a dos dependencias del gobierno estatal entregar información sobre el número de despedidos en la actual administración.

Al respecto, el presidente de la CAIP, Javier Fregoso Sánchez, aseguró que el organismo no quedó mal tras perder un amparo por un mal resolutivo que había protegido la información con anterioridad, “sino que se trata de una experiencia para mejorar”.

La semana pasada el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal ordenó a la CAIP cambiar su resolutivo, luego de que el organismo sobreseyó y no estudió a fondo la negativa de entrega de las cifras de trabajadores despedidos en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la extinta Carreteras de Cuota Puebla.

Entrevistado al término de la sesión ordinaria de este miércoles, señaló que luego de cambiar el resolutivo, están respetando las disposiciones.

“Estamos respetando las disposiciones de una autoridad superior y las estamos acatando, definitivamente creo que es parte del derecho que tiene el ciudadano de recurrirlo”, abundó.

-¿No deja en mal a la CAIP por sus resolutivos no bien analizados?, le cuestionó un reportero.

-No vería que nos deje mal, es una parte enriquecedora que en el día a día nosotros estamos caminando en el camino de la transparencia, hay avances, no diría que con esto deja en mal a la CAIP.

“Hay que entender que estamos trabajando con una nueva ley, con una gama de sujetos obligados mucho más amplia, estamos tratando de cumplir con nuestra parte en la transparencia como órgano garante”.

Es importante señalar que la resolución del Tribunal Colegiado ya no fue turnada a ninguno de los comisionados para su estudio, sino que fue analizada por la consejería jurídica de la Comisión, la que decidió dar la razón al recurrente para que sea entregada la información.

Por su parte la comisionada  Blanca Lilia Ibarra dijo que la resolución fortalece a la CAIP, hará que se realicen resoluciones más estudiadas y dijo que sentará un precedente al derecho a la información pública.

Es importante recordar que en agosto de 2012, el reportero Jorge Castillo pidió conocer el número de personas dadas de baja de 31 organismos descentralizados del gobierno de Puebla.

Y aunque pidió los datos de manera digital, las dependencias dijeron no contar con la información digitalizada y la información se puso a disposición de forma física, es decir que el solicitante fue a cada uno de los organismos a recoger la información en papel.

Sin embargo hubo negativas en las dos dependencias citadas por lo que interpuso los recursos de revisión que fueron separados bajo los expedientes 138/COESPO-01 /2012 y 153/CESP-02/2012 con sus respectivos acumulados.

En ambas resoluciones se interpusieron recursos de amparo que fueron ganados por el recurrente.