El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), entregaron al Congreso una propuesta para la construcción de un Centro de Convivencia Controlada, informó la diputada Ana María Jiménez Ortiz.

Como presidenta de la Comisión Especial de la Familia, la legisladora señaló que el proyecto permitirá que las parejas separadas y/o en proceso de divorcio, cuente con un recinto en el que visiten a sus hijos, procurando la seguridad de los menores.

En entrevista, Jiménez Ortiz precisó que Marielena Torres Machorro, directora jurídica el Sistema DIF, y Margarita Palomino, magistrada del TSJ, acudieron al poder legislativo para promover la construcción del inmueble, el cual tendrían un costo de 20 millones de pesos.

Agregó que la intención de la reunión, es que el costo del proyecto sea considerado en el  Presupuesto de Egresos 2014,  y que así se destine una partida especial para el Centro de Convivencia Controlada.

En cuanto a la localización del recinto, Jiménez Ortiz explicó que  el poder judicial cuenta con un terreno, en el que originalmente se ubicaría un archivo del TSJ.

Asimismo, apuntó que este tipo de espacios garantizará la seguridad de los menores, mientras los padres se encuentran en un proceso legal por la patria potestad, o ante la sospecha de que los hijos son maltratados por alguno de sus progenitores.

La diputada precisó que a nivel nacional, sólo existen dos Centros de Convivencia Controlada en Monterrey y en el Distrito Federal.