Las  83 universidades y escuelas de Derecho que existen en  Puebla tendrán que modificar sus planes de estudios para poder incorporar la enseñanza de los juicios orales, señaló Luis Gerardo Pérez Hurtado, director general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho.

Dijo que actualmente sólo un 5 por ciento de los jueces y abogados de la entidad tienen preparación en esta materia, no obstante que cada año egresan —sólo en Puebla— unos 12 mil jóvenes de la carrera de Derecho.

La SGG fortalece la enseñanza de los juicios orales

Para que exista un mayor conocimiento sobre  el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, la Secretaría General de Gobierno iniciará un programa de capacitación a partir del próximo 13 de noviembre, que estará divido en 5 etapas: la primera para sensibilizar a los estudiantes sobre el nuevo sistema de justicia, la segunda será capacitar a los profesores, la tercera para asesorar a las escuelas de Derecho y reformar su programa académicos, y la quinta para vincular a las universidades con los juicios orales.

Asimismo informó que del 13 al 17 de enero del próximo habrá un taller gratuito de 30 horas de capacitación para 80 catedráticos de Derecho en distintas universidades de la entidad

En Puebla desde el 15 de enero del 2013, entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal en la región judicial oriente del estado, que comprende los distritos de Teziutlán, Zacapoaxtla, Libres, Serdán, Tlatlauquitepec y Tetela de Ocampo.

Jueces podrán alertar a defendidos sobre sus abogados

Los litigantes que trabajan donde se implementan los juicios orales, deben actualizarse o de lo contrario el juez tiene la facultad de alertar al defendido de que su abogado no está capacitado para llevar su caso, señaló Luis Francisco Fierro Sosa, secretario de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia del Estado (Ceampa).

Dijo que Puebla tiene un retraso de cinco años en el tema, por lo que urgió a las autoridades a invertir en mayor infraestructura para la instalación del sistema de juicios orales.