Este domingo se resolverá la situación jurídica del elemento de la Policía Estatal, Florián Martínez Castillo, quien fue detenido presuntamente por atropellar a un poblador de San Sebastián Zinacatepec durante el operativo de la Secretaría de Transportes contra taxis piratas.

Martínez Castillo es acusado del delito de lesiones culposas y, al no ser un delito grave, podrá obtener su libertad mediante el pago de una fianza.

La detención y señalamiento que hicieron los habitantes de Zinacatepec contra este uniformado, generó molestia y descontento en los elementos de la corporación que participaron en el operativo, adscritos a la base de Ajalpan, pues –según argumentaron- los hechos no sucedieron como denunciaron los pobladores.

Los agentes preventivos relataron a e-consulta que, el pasado jueves, la ST solicitó el apoyo de la corporación para llevar a cabo el aseguramiento de taxis piratas y de los conductores, por lo que ellos recibieron la orden directa de intervenir por parte del ex inspector, Francisco Castro Romero.

Explicaron que, por falta de coordinación de los mandos, el operativo falló. En primer lugar, porque los habitantes empezaron a agredir a los policías, lo que provocó un enfrentamiento entre ambas partes que terminó con la golpiza e intento de linchamiento del oficial Juanito Torres Morán.

En segundo lugar, refirieron que cuando estaban tratando de asegurar a los taxistas, se dio una persecución con uno de ellos, quien por exceso de velocidad perdió el control y se volcó, pasando a traer a uno de los curiosos, identificado como Rufino Domínguez.

No obstante, la gente confundió las cosas y, al ver a la patrulla de la Policía Estatal, se le hizo fácil culpar al elemento que iba persiguiendo al taxista como el responsable del accidente, según lo relataron.

Al día siguiente, el saldo fatal del operativo ocasionó que el comandante Castro Romero fuera cesado de la corporación y que el Departamento de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciara una investigación contra todos los uniformados que participaron en los hechos, pues presumiblemente los altos funcionarios del organismo nunca fueron notificados de que el operativo se iba a llevar a cabo.

Los policías inconformes agregaron que, ahora como castigo, los 25 elementos de la base de Ajalpan serán cambiados a la IV Región, es decir, al municipio de Zacatepec, lo cual consideran que es una injusticia.

Policías denuncian otras irregularidades

Aunado a esos acontecimientos, los uniformados de todas las bases de operaciones se encuentran inconformes porque fueron notificados de que, a partir del próximo 1 de noviembre, trabajarán seis días y sólo tendrán tres de descanso.

Explicaron que todos los uniformados de los Centros de Coordinación Regional (Cecores) laboran seis días y descansan otros seis para compensar el tiempo que pasan lejos de casa y de su familia.

Sin embargo, además de que no podrán descansar bien, ahora con los tres días que les quitaron se afectará su vida familiar, sobre todo para quienes tienen sus hogares en municipios lejanos, como Teziutlán o Chignahuapan, ya que perderán prácticamente un día de ida y de regreso, lo que significará pasar menos tiempo con sus seres queridos.

Señalaron que, aunque les exigen más trabajo, su salario seguirá siendo el mismo. A esto se le suma que dejaron de percibir el bono de 600 pesos por recursos federales y los 250 pesos mensuales de apoyo que les otorga el estado.