El Gobierno federal encontró permisos apócrifos en obras de la zona de Acapulco Diamante que resultó inundada por las lluvias de "Manuel" e "Ingrid".

La documentación se refiere a licencias de construcción inexistentes en el archivo municipal, Manifestaciones de Impacto Ambiental que no obran en oficinas centrales de la Semarnat y permisos de la Conagua, informaron fuentes federales que participan en la investigación de las inundaciones de septiembre.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, los permisos apócrifos permitieron la construcción irregular de fraccionamientos en zonas inundables o construcción de infraestructura hidráulica que no estaba contemplada en el Plan Director Urbano de Acapulco.

Uno de los casos de mayor gravedad es el fraccionamiento campestre La Laguna, que fue autorizado en 2005 sin importar que se encontrara en una zona de alto riesgo y en un área de aprovechamiento agrícola.

Ese desarrollo está situado en el delta del río La Sabana y parte de sus viviendas invade el vaso de ese cuerpo de agua.

A pesar de este escenario, el fraccionamiento cuenta con una licencia de construcción del Ayuntamiento de Acapulco, permisos de extracción de agua y dictamen de factibilidad del servicio de luz entregado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En 2003, el Cabildo de Acapulco, que encabezaba el perredista Alberto López Rosas, aprobó un cambio de uso de suelo para beneficiar a la compañía Inveraca, propiedad de los hermanos Héctor Raúl y Ricardo García Oseguera, y que se construyeran 640 viviendas en esta unidad.

No obstante, la licencia única de construcción que encontró el Gobierno federal en los archivos del ayuntamiento de Acapulco presenta inconsistencias y sólo hace referencia a 336 casas.

Al paso del huracán "Henriette", en 2007, el fraccionamiento campestre La Laguna se inundó y ninguna de las autoridades que avalaron la construcción tomó cartas en el asunto.

El Fovissste financió 203 de esas viviendas y en 2011 elaboró un dictamen donde reconocía que existió un fraude en contra de los derechohabientes.

Peña anuncia castigo para empresas constructoras

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias contra las 12 empresas constructoras que incumplieron con la reconstrucción de viviendas de Guerrero afectadas por los sismos de 2011 y 2012.

Durante la entrega de apoyos y visita al comedor comunitario en Ometepec, Guerrero, el jefe del Ejecutivo detalló que a esas empresas se les había dado un anticipo para llevar a cabo su obligación, pero éstas no cumplieron, por lo que el gobierno federal interpuso un proceso legal para que se restituyan los recursos.

“Hay empresas a las que incluso se les dio anticipo para la construcción de las viviendas y no cumplieron con su obligación. El gobierno de la República ha emprendido todo un proceso de demanda, de juicio, para que se restituyan los recursos que se les anticiparon y este es un proceso legal que se ha seguido”

Además, instruyo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a construir las casas faltantes que no realizaron las empresas.

Según otra nota del diario 24 Horas, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, confirmó que se ha iniciado un procedimiento contra 12 empresas constructoras y funcionarios involucrados en el daño patrimonial de 50 millones de pesos.

Durante la entrega de apoyos y visita al comedor comunitario, la funcionaria federal denunció que esas empresas no cumplieron con la reparación de viviendas afectadas por los sismos de 2011 y 2012, a pesar de que se le otorgaron los recursos.

Explicó que se había acordado con la anterior administración federal junto a la estatal apoyar con la mitad de recursos cada una para dicha reparación de viviendas, pero sólo el gobierno de Guerrero cumplió con su parte.

Sin embargo, dijo que las 21 empresas que pactaron con esa tarea no cumplieron y se les dio un plazo para que llevaran a cabo la tarea, pero sólo nueve acataron la encomienda.

Ante media docena de secretarios de estado, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social  advirtió que no serán tomadas en cuenta dichas empresas en el proceso de reconstrucción.

A su vez, el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, comentó en entrevista que fueron 290 las viviendas que no se construyeron por las empresas.

Funcionario de la Conagua deja el cargo

Octavio Mijangos, delegado de la Conagua en Guanajuato, renunció a su cargo y solicitó ser investigado por presuntas irregularidades en su desempeño público.

El funcionario ha sido señalado como responsable de la autorización irregular de obras en Acapulco y Villahermosa que han derivado en inundaciones.

Mijangos presentó su renuncia pasado el mediodía de ayer. Fuentes de la Conagua confirmaron que voluntariamente decidió su separación.

Tras inundación aparecen autos con reporte de robo

Apenas bajaron las aguas de "Manuel", aparecieron en Acapulco decenas de vehículos robados.

De acuerdo con aseguradoras consultadas por el periódico Reforma, cerca del 12 por ciento de los mil 500 vehículos recuperados de las zonas inundadas cuenta con reporte de robo.

Si se toma en cuenta la cifra negra, el número de automóviles hurtados podría resultar mucho mayor.

Mario Crosswell, director de la Oficina Coordinadora de Riesgo Asegurados (OCRA), informó que entre estos automotores hay camionetas Cadillac, Suburban, Voyager, Jeep, XTrail y Quest, además de automóviles tipo sedán como el Bora y algunos modelos BMW.

"Podemos presumir que estos vehículos son de gente que se fue a pasear allá y llevaba un carro robado, o bien, son de la gente que vive allá y que el meteoro lo agarró ahora sí que con las manos en el volante", señaló.

De los carros que han sido recuperados, señaló Crosswell, la mayoría de ellos fueron robados en el Distrito Federal y el Estado de México en los últimos meses.

El descubrimiento de estos vehículos se ha dado una vez que las compañías de seguros han hecho las revisiones de los automotores para cubrir los daños, o bien, son revisados en los depósitos a donde han sido llevados por disposición de las autoridades del Estado.

"Las autoridades de Guerrero instalaron una mesa del Ministerio Público para que la gente que perdió sus carros presentara una denuncia por daños, pero, si ves el número de carros siniestrados y las denuncias presentadas, las cifras no concuerdan", explicó Crosswell.