Amnistía Internacional llamó hoy a los poderes del Estado a liberar a Alberto Patishtán, un indígena tzotzil y maestro bilingüe del estado de Chiapas, a poner fin a 13 años de encarcelamiento injusto. Esta detención prolongada es una muestra más de que en México las personas indígenas o pobres siguen sufriendo la negación de sus derechos humanos, como los derechos a vivir sin discriminación y a un juicio justo, dijo.

Luego de estudiar el caso de Alberto Patishtán, condenado por el asesinato de siete policías, la organización consideró que el proceso judicial y la sentencia en su contra son injustos. Estableció que la reciente decisión del Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez de rechazar la petición de reconocimiento de inocencia implica que ya no queda ningún recurso efectivo dentro del sistema de justicia mexicano para corregir la injusticia que está viviendo Alberto.

Amnistía Internacional reconoció la gravedad del múltiple homicidio ocurrido el 12 de junio de 2000 durante una emboscada en el municipio de Simojovel, estado de Chiapas. Destacó que familiares y sobrevivientes tienen el derecho a exigir que los verdaderos culpables sean llevados ante la justicia. Sin embargo, el estudio del caso realizado por Amnistía Internacional indica que Alberto Patishtán no participó de estos hechos y que existen graves deficiencias en la investigación y el proceso judicial en su contra. Los verdaderos responsables por los asesinatos permanecen en la impunidad.

Como en otros casos documentados por Amnistía Internacional, el hecho de que Alberto Patishtán sea indígena y cuente con pocos recursos económicos jugó un papel fundamental en limitar su derecho a un proceso justo, en particular el derecho a la defensa efectiva y al trato igualitario ante la ley por parte del ministerio público y el poder judicial.

En 2002, el Juzgado Primero de Distrito en Chiapas sentenció a Alberto Patishtán a 60 años de prisión por lesiones y homicidio calificado, robo calificado, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Una apelación, un amparo y un primer incidente de reconocimiento de inocencia fueron rechazados en 2002, 2003 y 2009 respectivamente. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las irregularidades en la investigación y el proceso judicial nunca fueron evaluadas debidamente para corregir la condena.

El segundo incidente de reconocimiento de inocencia, presentado en 2013, pretendió demostrar que según la reforma constitucional en derechos humanos y la propia jurisprudencia del poder judicial federal desarrollada desde 2000, la evaluación de las pruebas de cargo y de defensa debió haber protegido derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso para asegurar un juicio justo.

El Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez rechazó esta petición por considerar que los avances recientes en la jurisprudencia del poder judicial no constituyen “prueba novedosa”, al tiempo que reconoce que su decisión “no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado”. Sin embargo, el Tribunal ha desaprovechado la posibilidad de revisar esta sentencia a la luz de los nuevos estándares de protección de los derechos humanos. Resulta preocupante que el poder judicial evite analizar esta sentencia teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos que ya forman parte de la Constitución mexicana. 

Al revisar este caso detalladamente, Amnistía Internacional considera que existen serias fallas acerca la conducción del proceso y del juicio en su contra.