Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han contribuido a proteger de manera efectiva y completa  los derechos humanos de carácter político-electoral de los ciudadanos, coincidieron en señalar el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos y el magistrado Constancio Carrasco Daza.  

Al participar en las Jornadas Académicas: Nuevas Perspectivas del Amparo y Derechos Humanos en México, organizado por el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, y en el Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho de la misma institución, los Magistrados se refirieron a algunas de las sentencias más relevantes emitidas por el órgano jurisdiccional para salvaguardar  los derechos político-electorales del ciudadano.

El Magistrado Presidente destacó la resolución emitida por la Sala Superior relativa a la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, en la que se estableció que aun ante la falta de regulación legal del derecho de autodeterminación de los integrantes de los pueblos originarios, las autoridades deben garantizar el ejercicio efectivo de éste.

“En ese asunto, la población pedía elegir a sus gobernantes bajo el sistema de usos y costumbres, y aun cuando no existía una ley secundaria que regulase dicho supuesto, el Tribunal determinó que tal circunstancia no era obstáculo para impedir el ejercicio de sus derechos, y que en el caso ameritaba la aplicación directa de la Constitución”, dijo Luna Ramos.

Ante estudiantes de doctorado, procedentes de diferentes instituciones educativas que se congregaron en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, el Magistrado se refirió también a la sentencia que en México se conoce como “antijuanitas” con la cual se hace efectiva la equidad de género en la postulación de candidatos y candidatas al Congreso de la Unión.

José Alejandro Luna  Ramos aseguró que con dicha sentencia “se logró un verdadero avance en el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, al materializar el ejercicio equitativo del derecho a acceder a cargos de representación popular”.

Explicó que a través de la resolución emitida por la Sala Superior se determinó que la cuota de género, establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que prevé la asignación al menos el 40 % de candidatos de un mismo género, debe aplicarse también a los suplentes quienes deben ser del mismo sexo que el propietario.

Con ello, subrayó, se garantiza no sólo la equidad en el derecho de las mujeres a ser votadas, sino que también se ve reflejado en el ejercicio efectivo del cargo, una vez que se ha ganado la elección. 

El TEPJF obligado a ejercer el control de constitucionalidad

Durante el foro, en el que también participaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se abordaron otras sentencias emitidas por el TEPJF que garantizan la libertad de expresión y el acceso a la justicia.

En su oportunidad, el magistrado Constancio Carrasco Daza hizo una exposición sobre el ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad que en materia electoral realiza el  TEPJF en su calidad de máxima autoridad electoral jurisdiccional, y que como tribunal constitucional, está  obligado a ejercer.

Carrasco Daza señaló la importancia de la proporcionalidad de las normas en materia de derechos humanos y el papel que juega el Tribunal Electoral para protegerlos.

Asimismo, señaló los criterios jurisprudenciales que el Tribunal Electoral ha establecido a raíz de la reforma de Derechos Humanos de 2011, además de que se refirió a los casos de derecho comparado existentes como una manera para que los alumnos pudiesen entender el concepto y su aplicación en el marco jurídico mexicano.