Pablo Fernández del Campo, delegado presidente del PRI, anunció que su partido interpondrá una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de las reformas a la Ley de Agua para el Estado de Puebla, la cuales prevén la concesión a particulares de los Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado y que sean éstos los que regulen las tarifas del servicio.

De acuerdo con los priístas, el dictamen que aprobó la Comisión de Medio Ambiente y que se votó este jueves en el pleno, va en contra de la Carta Magna, ordenamiento legal en el que se establece que los ciudadanos tienen derecho al agua.

En febrero de 2012, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual refiere que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En rueda de prensa, el líder del tricolor negó que la postura de los diputados sea una decisión política ordenada por César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Manifestó que la posición del tricolor se debe a que en el PRI hay “conciencia social” y a la par sentenció que el gobernador busca aprobar la iniciativa a través de su bancada y modificar una ley que va en contra de los intereses de la ciudadanía.

Agregó que el Revolucionario Institucional no puede negociar con un servicio público por una situación política económica o política.

Por su parte, Ernesto Leyva Córdova, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, señaló que la oposición de los diputados a los dos proyectos que envió el Ejecutivo estatal, se debe a que en dos años de gobierno la explotación de la infraestructura y el endeudamiento del estado han sido “desmedidos”.

La aprobación de la reforma propuesta por el Ejecutivo estatal se da a una semana de que ingresara al Congreso, y con la negativa de la bancada del Revolucionario Institucional.