La asociación civil Camino Legal Ciudadano denunció una nueva forma de extorsión de las autoridades judiciales y ministeriales, que tendrían presuntos nexos con la delincuencia, de las cuales han sido víctimas el titular de la asociación y sus socios.

El abogado Israel de Jesús Ramos González, quien es presidente de esa agrupación, acusó que en su caso se encuentran coludidos la juez Segundo Civil, María del Rosario Sánchez Aguilera, y la agente del Ministerio Público de la Sexta Agencia, Sandra Sánchez de la Luz.

Ramos González dio a conocer que en mayo de 2012, el líder de los comerciantes de Analco, Mauricio Severiano González Sánchez, se presentó a las oficinas de su medio de comunicación, “Los 21 Revista”, donde se identificó como ex militar retirado y perteneciente al grupo criminal Los Zetas, para exigirle la cantidad de 500 mil pesos.

De no pagarle el dinero, González Sánchez lo amenazó diciéndole que se tomarían medidas legales y extra legales fuertes en contra de él y de sus negocios, además de que le haría daño a sus familiares y colaboradores.

Detalló que no entregó ningún dinero, por lo que días después una ex empleada, identificada como Carmen Verónica Xicoténcatl Pérez, junto con Mauricio Severiano iniciaron demandas civiles en su contra, así como una denuncia por falsificación de documentos, la cual quedó radicada en Agencia Sexta del Ministerio Público, en donde —aseguró— se documentaron varias pruebas falsas para acreditar el ilícito que nunca cometió.

El agraviado manifestó que las funcionarias Sánchez Aguilera y Sánchez de la Luz le han dicho en repetidas ocasiones que lo más conveniente para él es pagar la cantidad solicitada a fin de evitarse más problemas, pues de no ser así continuarán lloviéndole las demandas y acusaciones.

Por estos hechos, denunció a Sandra Sánchez en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, bajo el número de averiguación previa 5/2013.

Aunado a ello, puso al tanto de lo anterior al procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, al presidente del Tribunal de Justicia, Roberto Flores Toledano, y al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, sin que haya obtenido respuesta alguna.

Solamente, la PGJ cambió en tres ocasiones a la agente del Ministerio Público, pero la misma continúa trabajando “mediante la impunidad”, expuso.

Asimismo, alertó a los empresarios y demás ciudadanos sobre esta nueva forma de extorsión con el fin de evitar ser víctimas de este ilícito.