México. D.F. En los últimos seis años el robo con violencia se incrementó casi 40 por ciento en todo el país, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad Justicia y Legalidad (ONC) y son seis las entidades federativas que más resintieron este tipo de delito, entre ellas el Estado de Puebla.

Para la ONC el robo con violencia es un delito que “socialmente se ha normalizado”, tanto por la cotidianidad con que suscita, como por el incremento en el número de casos.

Y es que entre 2006 y 2012 por cada 100 mil habitantes el robo con violencia se incrementó 39.7 por ciento. Lo que significó que cada año se denunciaron en promedio 226 mil 114 robos con violencia; es decir un promedio de 18 mil 843 cada mes o 628 diarios. Y las entidades que más sufrieron este delito son Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Nuevo León, Tabasco y Baja California, en se orden, según datos de la ONC.

Entre otros datos que arrojan diversos estudios de dicho Observatorio Nacional Ciudadano, incluido el de “Incidencia Delictiva a Nivel Municipal”, destaca el grave incremento que han tenido los homicidios dolosos y la violencia con que se cometen, convirtiéndose éste en uno de los más graves problemas en materia de seguridad pública en nuestro país, ya que tuvo un incremento de 68.2 por ciento en el periodo 2006 - 2012.

“Durante el año 2012 se registraron 38 mil 125 denuncias de homicidio, de esta cifra el homicidio doloso representó una tasa del 57.07 por ciento y el homicidio culposo representó una tasa del 43.92 por ciento. Cabe destacar que se reportó un promedio diario de 100 denuncias de personas que fallecieron en casos de homicidio doloso y culposo”, indican los informes del ONC.

Por ello, el senador perredista, Benjamín Robles Montoya, propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través del  Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, “se implemente la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país”.

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