La cancelación del Teleférico de Puebla por parte de la nueva dirección general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debe ser definitiva, de lo contrario se confirmará que el cambio de titular del organismo busca defender intereses económicos.

Esto lo manifestaron representantes del sindicato de investigadores del INAH a través de un desplegado publicado este domingo en medios nacionales, en el cual se dan a conocer los acuerdos a los que se llegó en la asamblea de delegados sindicales de la semana pasada.

Dentro de los acuerdos de la reunión resalta la exigencia de la cancelación definitiva de proyectos como el Teleférico de Puebla y el Museo del Cacao en Chichén Itzá, así como la protección de la zona arqueológica de Xochicalco, dañada por obras de explotación minera a cielo abierto. “Exigimos respeto de los dictámenes científicos y las decisiones institucionales tomadas para protegerlos”, señalan los investigadores en el desplegado.

Como parte de la asamblea se acordó, de manera unánime entre los representantes sindicales, el total rechazo del nombramiento de María Teresa Franco González Salas como directora del INAH, dado a conocer hace dos semanas.

Dentro del comunicado de los investigadores se indica que entre 1992 y el año 2000, Franco González Salas impulsó una “política de comercialización del patrimonio”, además de que fomentó debilitación del instituto y se mantuvo sumisa ante intereses económicos y políticos.

Por estos motivos, los investigadores pidieron de manera pública al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, reconsiderar el nombramiento de la directora y que, en caso de buscar un reemplazo, dé oportunidad al sindicato de presentar una terna de candidatos emanados del propio organismo para dar mayor “legitimidad” a la designación.

El pasado 8 de julio se dio a conocer la salida de Sergio Raúl Arroyo de la dirección del INAH, quien fue reemplazado por Franco González Salas. El nombramiento causó molestia entre los investigadores del instituto federal, quienes han manifestado en numerosas cartas públicas la oposición ante este cambio administrativo el cual, aseguran, es un paso hacia la privatización del patrimonio histórico de México.

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