El Poder Legislativo aprobó este jueves la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el estado de Puebla, la cual contempla la creación de comités especiales contra estas prácticas en los tres poderes y los 217 ayuntamientos.

La Ley se va a traducir en que se tengan herramientas para sancionar aquellos servidores públicos que discriminen o lastimen a cualquier persona por discapacidad o por sus preferencias sexuales.

Con ello, la Contraloría del estado o de los ayuntamientos tendrán la facultad de multar económicamente o inhabilitar a servidores públicos que incurran en prácticas discriminantes, explicó el diputado por Nueva Alianza, Guillermo Aréchiga.

Las sanciones van desde el hacer público que algún servidor discrimina a alguna persona, lo que conlleva al reclamo y señalamiento social.  Además de dar vista a la Contraloría estatal. De repetirse los actos discriminatorios se puede llegar a la inhabilitación y multas económicas.

Una década de retraso en sanciones contra la discriminación

La entidad mantiene un retraso de 10 años en el rubro, dado que la Ley Nacional contra la Discriminación tiene una década de asistencia en el país.

Aréchiga Santamaría explicó que la integración de comités que evalúen los actos discriminatorios servirán para conocer y resolver estos temas.

Actualmente la discriminación no era sancionada, ni las quejas eran documentadas. Con la nueva ley se podrán contabilizar los actos de discriminación por preferencias sexuales y el acoso de los que son víctimas.

En el caso de los discapacitados, se puede considerar discriminación el hecho de que los edificios públicos no cuenten con apoyo para este sector.

La Ley y sus alcances

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación está compuesta por 28 artículos, entre los que se explica que el comité especial estará integrado por el gobernador del estado, secretarios de la administración pública y tres representantes de la sociedad civil, elegidos por el Congreso del estado en un periodo de hasta tres años.

La ley tiene como objetivo promover la igualdad de trato en servicios públicos como guarderías, asilos, petición de licencias por nacimiento y potenciar el acceso igualitario en el transporte público para las personas con discapacidad.

A partir de la publicación de la ley en el periódico oficial, el Congreso creará en un plazo de 180 días el Reglamento Oficial e inmediatamente los gobiernos municipales, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán instalar su comité contra la Discriminación.

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