La activista María Eugenia Ochoa permaneció más de doce horas incomunicada en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), durante el interrogatorio a la que fue sometida por el asesinato de ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Samuel Malpica Uribe.

Ochoa, quien tuvo vínculos sentimentales con el ex rector, abandonó el inmueble en medio de decenas de personas que se habían reunido para manifestar su repudio ante la detención que se hizo sin la documentación requerida.

Entrevistada a su salida, María Eugenia Ochoa criticó la actuación de la PGJ y calificó de irresponsables a las autoridades judiciales que la expusieron como la principal sospechosa del homicidio ocurrido el martes por la noche en la colonia San Manuel.

Precisó también que durante las pesquisas a las que acudió en calidad de testigo, transcurrieron sin sobresaltos. “Salvo la incomunicación, nada que denunciar”, aclaró.

La integrante del Congreso Progresista y del Frente de Izquierda y Organizaciones Democráticas y Progresistas en Puebla, se deslindó del homicidio al que calificó como “brutal” y públicamente lamentó lo sucedido.

Las acusaciones contra María Eugenia Ochoa

Samuel Malpica implicó a su ex pareja de pertenecer a un "grupo delincuencial" dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el tiempo de gestión de Enrique Agüera Ibáñez.

A tres meses del rompimiento sentimental con Ochoa, Samuel Malpica en su calidad de investigador la casa de estudios exigió a las autoridades universitarias que le fuera rescindido el contrato con la BUAP y fuera separada de la coordinación administrativa del Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero. Pero el despido no ocurrió.

Un mes después el exrector acusó a la activista por desviar recursos económicos de la BUAP, denunció irregularidades en las facturas durante el ejercicio administrativo de Ochoa que ascendían a un faltante de 5 mil 700 pesos.

La Contraloría Universitaria auditó las cuentas y los resultados fueron favorables para María Eugenia Ochoa, el único señalamiento se hizo en una factura de 350 pesos que no contaba con todas las firmas de autorización correspondientes y fue calificada como “observación administrativa”.

“Ése es el único señalamiento en mi contra, por este detalle se me acusó de estar ligada a una red de corrupción al interior de la universidad. Todo fue aclarado, allí están los resultados de las auditorías”, dijo.

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